El 4 de julio pasado, los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi escucharon cómo el Tribunal Oral de
San Juan los condenaba a prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, por torturas, asesinatos y asociación ilícita durante la última dictadura militar, en lo que fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia. Veintiún días más tarde, ambos viajaron al Hospital Militar “
Cosme Argerich”, de la
ciudad de Buenos Aires, para recibir un tratamiento médico. En cuestión de horas, se escaparon y pasaron a integrar la lista de 51 genocidas prófugos que ya integraban el Fondo de Recompensa que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Detrás de esta fuga se esconde una estructura inorgánica con terminales económicas y judiciales.
Español: Cosme Argerich (Photo credit: Wikipedia)
Se sabe, para evadir a la Justicia y vivir en la clandestinidad por un período extenso se necesita una logística aceitada. Según se desprende de este caso, evidentemente existe una logia con ramificaciones impensadas. Es que los protagonistas de esta historia no son dos improvisados.
Gustavo Ramón De Marchi está registrado en el rubro “servicios inmobiliarios” desde 2005. Es hermano de Juan Carlos De Marchi, quien también revistó en el Ejército y fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante el terrorismo de Estado. Curiosamente, Juan Carlos presidió la filial Corrientes de la Sociedad Rural, entre 1989 y 2004. Tal fue su poder que hasta Luciano Miguens, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, lo definió como “una persona honorable que integra nuestra casa”. “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi”, había llegado a decir Miguens. No es para menos: fue vocal suplente de la entidad hasta 2007. Respecto de Gustavo Ramón, un preso político que hoy ocupa un importante cargo en la provincia de San Juan lo recordó como “un hombre tenebroso”.
Jorge Antonio Olivera nació en Misiones y se dedica desde 1999 a brindar “servicios jurídicos”. Está casado con Marta Noemí Ravasi, monotributista, que trabaja como psicóloga en el Hospital Militar. Los investigadores la señalan como una figura clave en la fuga de su marido. En su perfil de Facebook se puede constatar su amor por el puerto de Olivos y los veleros.
Olivera, en el año 2000, constituyó junto a Jorge Humberto Appiani la firma Prepaga SRL con el objeto de dedicarse al “asesoramiento legal en todas las materias y disciplinas de la ciencia jurídica”. Con el título bajo el brazo, Olivera trasladó al mundo del derecho su ideología fascista. Por caso, fue el letrado defensor del represor
Guillermo Suárez Mason –vinculado a la logia P2, un dato que no es menor como se verá más adelante–.
Entre los delitos que se le imputaron a Olivera en San Juan se destaca el de la francoargentina Marie Anne Erize, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en aquella provincia. El represor ya había sido procesado en
la Argentina por esta causa en 1987 pero quedó en libertad por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No obstante, estando en Roma, Italia, Olivera fue detenido en el año 2000. Fue justamente en Europa donde el letrado gestó su primera fuga en septiembre de aquel año. Trece años después volvió a evadir a la Justicia.
Según pudo averiguar Veintitrés, los investigadores barajan diversas hipótesis sobre el financiamiento de los prófugos. A raíz de documentación recabada por el Ministerio de Defensa, vinculada a la actividad económica de Olivera, la Unidad de Información Financiera (
UIF) pudo constatar que el represor trabajó como abogado hasta el día de su detención: litigó contra el Estado nacional, particularmente en juicios por reclamos de haberes de las Fuerzas Armadas y defendiendo a militares procesados. Y los honorarios que de allí obtenía los utilizó para constituir dos fideicomisos, junto a su socio Jorge Humberto Appiani. El “Fideicomiso Financiero SJ2” y el “Fideicomiso de Garantía SJ2”. Se sospecha que estos dos instrumentos financieros pudieron ser utilizados para solventar los gastos de la fuga y la vida clandestina.
Por ello, la UIF aplicó a ambos represores la controvertida ley antiterrorista “y considerando que lo percibido o a percibir proveniente de los fideicomisos sin lugar a dudas resultaría fundamental para su financiamiento, con el objetivo de mantenerse prófugos, procedió en el día de ayer (30 de julio) al congelamiento administrativo de los bienes y dinero de los fideicomisos”.
La unidad conducida por José Sbatella también congeló los bienes de Marta Noemí Ravasi, la esposa de Olivera, “atento que el dinero y los bienes en cabeza de ella podrían ser utilizados para financiar la condición de prófugo de su cónyuge”, comunicó la UIF.
La UIF ya había aplicado la misma metodología con los restantes 51 represores prófugos de la Justicia además de la firma American Data y familiares del marino Jorge Vildoza.
Pero esta no es la única vía de financiamiento que analizan los investigadores. Otra hipótesis hace hincapié en un posible rol de la Logia P2. El nexo con esta organización se hunde en datos concretos.
Mientras Olivera estuvo detenido en Roma contó en un principio con el apoyo legal del estudio de abogados de Marcelo Melandri (quien también defendió al represor Guillermo Suárez Mason, vinculado a la logia Propaganda Due). Este bufete de abogados luego fue reemplazado por Augusto Sinagra y Bezicheri. Sinagra fue una figura de la ultraderecha italiana que se vincula a la lista de miembros de la P2 que se hizo pública. Su nombre aparecería bajo el título de profesional, que actuó en la ciudad de Roma y fue etiquetado bajo el “fasciolo 946”.
La fuga de De Marchi y Olivera evidenció también la complicidad del mundo judicial. Es que ambos lograron escaparse luego de un aceitado proceso jurídico: el titular del Juzgado Federal 2, Leopoldo Rago Gallo, encargó el traslado de ambos al Hospital Militar “Cosme Argerich” de la ciudad de Buenos Aires por una supuesta necesidad de recibir tratamiento médico. Como luego comenzó la feria judicial, el caso recayó en el juez Miguel Ángel Gálvez, quien firmó el traslado.
Pero los jueces omitieron un paso de suma importancia: al ordenar el traslado de Olivera y De Marchi, olvidaron consultar al tribunal oral que había condenado a los represores veinte días antes. Rago Gallo pudo otorgarles el beneficio del traslado a los genocidas porque los había imputado en otro expediente. “Ese hecho fue muy grosero. Lo realizó para esquivar el control del otro tribunal que, a partir de la condena, tenía sus tutelas”, explicó una fuente judicial que pidió reserva de su nombre.
De acuerdo con Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, “nosotros venimos reclamando desde siempre a las agencias que tomen mayores recaudos para evitar este tipo de situaciones. El traslado de De Marchi y Olivera desde el punto de vista técnico no estaba justificado. Me resulta difícil pensar que en San Juan no haya dermatólogos en el hospital público provincial. Las razones invocadas por los condenados tampoco ameritaban”.
Sobre Rago Gallo, Auat expresó: “Fue uno de los jueces que citamos desde la comisión interpoderes por las dilaciones que notábamos en las causas por crímenes de lesa humanidad que él llevaba en San Juan. Había datos objetivos que indicaban que los juicios no tenían la celeridad procesal que las circunstancias requerían”.
Fuentes judiciales que siguen los Juicios por la Verdad sindicaron a Mendoza y San Juan como las zonas más atrasadas en la materia.
No es casualidad que Rago Gallo se haya excusado de instruir una causa en la que estaba imputado el ex camarista Otilio Romano, acusado de complicidad con la última dictadura militar, por “amistad íntima” con el magistrado. “Es parte de la misma organización que Romano”, le dijo a esta revista una fuente del Consejo de la Magistratura.
Ante este escenario, Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza Mayo, afirmó a Veintitrés: “El sistema judicial no toma ninguna precaución para que estas cosas no sucedan. No hay tampoco dispositivos de control que funcionen. Es un gran punto pendiente trabajar sobre estos aspectos: la cantidad de prófugos que hay es muy alta y refleja que no hay más prófugos porque muchos no tienen los medios para fugarse”.
Como se descarta que la fuga estuvo planeada, se da por hecho que los genocidas salieron del país. Así lo consideró Dante Vega, uno de los fiscales del juicio que se realizó en San Juan. En diálogo con esta revista, aseguró: “Yo viví esto como un ataque a la democracia, la fuga fue un plan urdido. No es una fuga aprovechando la ocasión. Hubo premeditación. Esperaron que el tribunal oral se fuera de San Juan porque no vivían allí y pidieron el traslado al juez federal que tiene causas en contra de ellos. Por el tiempo que han contado, lo más probable es que la segunda fase del plan haya sido irse del país. Pero para ello debieran contar con una logística. Como documentos falsos. Pueden tenerlos, son especialistas”. Olivera fue teniente de inteligencia en San Juan.
Un caso paradigmático que ilustra la vida de un represor prófugo es el del marino Jorge Vildoza. Su caso quedó registrado en una carta que escribió Javier Penino Viñas, hijo de desaparecidos apropiado por el número dos en la estructura del Grupo de Tareas 3.3 que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada en dictadura, y su mujer, Ana María Grimaldos. Con la misiva, el joven intentó favorecer a su apropiadora, quien está detenida desde el 3 de julio de 2012.
En uno de los pasajes de la epístola, Javier relató cómo fue su fuga que contó con estadías en Paraguay, Austria y Sudáfrica: “La Armada Argentina les facilitó a mis padres (y a mí) la salida del país en 1984”. El traslado “incluía partidas de nacimiento para los tres, partidas de casamiento, pasaportes que parecían ser completamente oficiales, DNI, cédulas de identidad, pasaportes falsos y hasta registro de conducir y calificaciones de ingeniero-técnico electrónico”. Todo falso, claro. Así fue como adoptaron “el apellido Sedano”.
Javier, hijo de Hugo Penino y Cecilia Viñas, desaparecidos en 1977, también contó cómo agentes de la Armada les facilitaron dinero y “un set de documentos”. También dijo que Vildoza padre murió en el 2005. Como el relato del joven apropiado –que actualmente residiría en Londres– querría favorecer a sus apropiadores, los investigadores toman algunas de sus afirmaciones con prudencia. Es que Javier afirmó que quienes lo robaron vivieron las más de dos décadas de clandestinidad con problemas financieros.
Por caso, diez días después de la detención de Grimaldos, la jueza federal María Servini de Cubría allanó las oficinas de la firma American Data S.A., una empresa dedicada a brindar servicios de juegos de azar y apuestas, creada en la década de los ’80, cuyos directivos son Jorge Ernesto Vildoza (hijo del marino y ex agente del Servicio de inteligencia Naval) y Rodolfo Giromini, yerno del prófugo y ex piloto del Ejército entre 1976 y 1983. En esta sintonía, el 31 de agosto del año pasado, la UIF aplicó de forma novedosa la controvertida ley antiterrorista y congeló los fondos de la empresa, así como los bienes y las cuentas bancarias de sus socios.
La última novedad a la que accedió esta revista fue que Grimaldos, la esposa de Jorge Vildoza padre, se fracturó la cadera, por lo que cumple prisión domiciliaria. Por tal motivo, el juez le habilitó el cobro de su pensión, únicamente. “Cualquier otro dinero que ingrese a la misma cuenta será automáticamente congelado. Se le habilitó la pensión para que pueda cubrir sus gastos de subsistencia”, explicaron desde la UIF.
Los prófugos que fueron detenidos desde agosto de 2012 –cuando se publicó en esta revista la nota “La Odessa de los genocidas argentinos”– a la fecha fueron: Alberto Julio Candioti, Raúl Carballo, Eduardo Daniel Cardozo, Héctor Gianola, Nicolás Sebastián Roberto, Fernando Alberto Otero, Francisco Scilabra, Juan José Vragnisan, Juan Miguel Wolk y Raúl Campilongo, informaron los investigadores a esta revista. Según se desprende del Fondo de Recompensas (ley 26.375) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay 51 represores prófugos. Con De Marchi y Olivera el número asciende a 53.
Pasaron 30 años del final de la última dictadura militar y la forma en que medio centenar de genocidas financia su vida clandestina aún es un interrogante.
