No olvidamos !!! Justicia para Santiago !!!!! Miércoles 1, todos a Plaza de Mayo, 18 hs.


Mary Antúnez


Pagina 12

La vicepresidenta de la CIDH condenó la actitud del Gobierno
“Seguiremos monitoreando el caso de Santiago Maldonado”
Esmeralda Arosemena de Troitiño adelantó que el organismo demanda una investigación “imparcial y rápida”, más allá del resultado de la autopsia del joven artesano. También rechazó que el Gobierno se ubique en una posición “tan inamovible” al incumplir la cautelar por Milagro Sala y denunció que esa resistencia representa “el desconocimiento de un compromiso internacional”.

Tras las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que el Gobierno tuvo que dar respuestas sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, particularmente en referencia a los casos de Santiago Maldonado y de Milagro Sala, la vicepresidenta de ese organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, aseguró que continuarán investigando para que “se obtenga Justicia”.

“Respecto a Santiago Maldonado, tenemos un desenlace de muerte. Frente a eso vamos a tener un monitoreo de estos sucesos y los siguientes”, manifestó en diálogo con FM Futurock. La vicepresidenta de la CIDH adelantó además que desde el equipo técnico están evaluando “la inclusión de otras personas en la medida cautelar” dictada en agosto por la desaparición del joven artesano para proteger su integridad y reclamar medidas al gobierno de Mauricio Macri.

Uno de los objetivos de las audiencias que se celebraron la semana pasada en Montevideo era precisamente  dialogar con los funcionarios y las organizaciones denunciantes, después de la brutal represión en la comunidad Pu lof de Resistencia Cushamen en la que desapareció Maldonado, cuyo cuerpo apareció 78 días después en el Río Chubut.  “Independientemente del resultado de la autopsia, esto debe ser lo más imparcial y pronto. Eso demandan los familiares: saber la verdad. Así se va a obtener justicia”, sentenció la vicepresidenta del organismo, en referencia a los primeros resultados de los peritos que analizaron el cuerpo hallado hace dos semanas.

En otro pasaje de la entrevista, se refirió directamente a la resistencia del Gobierno y sobre todo del poder judicial de Jujuy de acatar la medida cautelar dictada por el organismo para que Milagro Sala cumpla prisión preventiva en su domicilio. Además del pedido por que se esclarezca el caso Maldonado, la CIDH también solicitó respuestas por los ataques contra los derechos laborales y por la revocación de la prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru.

Arosemena de Troitiño condenó que el Gobierno se ubique en una posición “tan inamovible” que obliga al organismo a “hacer un esfuerzo en la comunicación”. “El desconocimiento de la medida, para nosotros, es un asunto de preocupación. Nosotros no tomamos una decisión respecto de un Estado sino de un país, de la nación argentina. El tema de la medida cautelar tiene un sentido y un propósito. Esperamos que el Estado tome los correctivos necesarios para entender esto”, puntualizó la vicepresidenta de la CIDH.

Por último, condenó la argumentación de los funcionarios de Gobierno que viajaron a Uruguay y adelantó que “está en proceso el mecanismo que otorgaría medidas provisionales por la Corte Interamericana”, aunque todavía no está del todo confirmado porque antes se quieren volver a reunir con los peticionarios de la cautelar.

“Lamentamos la posición de la Corte Suprema argentina. Cuando los estados se comprometen al cumplimiento de los tratados, es toda la Nación, no sólo un órgano la que se compromete. Es un desconocimiento de un compromiso internacional el que se tiene que evaluar. Es lo que pasó con la medida cautelar. Algo que se desconoce, que se no se atiende y se violenta”, concluyó.

https://www.pagina12.com.ar/72655-seguiremos-monitoreando-el-caso-de-santiago-maldonado

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“una mafia internacional” maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).


Español: Escudo actualizado y correcto de la R...

Español: Escudo actualizado y correcto de la República Bolivariana de Venezuela (Photo credit: Wikipedia)

Fuente : Aporrea.org

CIDH: Un Muerto Cargando Basura

Autor: Miguel A. Jaimes N.
Fecha de publicación: 30/05/12

Muy claramente lo ha declarado al Planeta entero el Canciller venezolano Nicolás Maduro: “una mafia internacional” maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Esta especie de órgano muy parecido a una instancia jurídica parapolicial recorre las democracias que junto a sus pueblos dan más libertades, igualdades y posibilidades a los nuevos y verdaderos gobiernos revolucionarios de América Latina.

Estos recientes espacios de lo que bien podríamos llamar junto a otros autores como la gobernanza equitativa, trasparente y social, están geopolíticamente ubicadas en las regiones de nuestra plataforma continental representadas por Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Ecuador y por supuesto con el muy especial caso de la República Bolivariana de Venezuela. Estas naciones conforman el geoestratégico arco andino suramericano los cuales conforman un nuevo espacio de seguridad y defensa interterritorial.

A estas áreas se le suman las recientes creaciones de dos novedosísimos organismos regionales salidos a partir de las propuestas de trabajo de la ALBA-TCP y que han dado un campo abierto a los modelos de integración sucedidos a partir de la creación de la UNASUR y más recientemente de la CELAC.

Como es bien conocida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha otorgado la beligerancia internacional de ser un órgano judicial de la derruida Organización de los Estados Americanos (OEA). Acaparándose junto a esta instancia el encubrimiento de su mal manejada autonomía internacional, todo frente a la existencia de una serie de armonios reunidos bajo las figuras de los principales partidos políticos de la derecha latinoamericana, combinada con las mafias bancarias y de los medios de comunicación privados, legislando y aprobando decisiones que ponen en la mira la estabilidad política de aquellos gobiernos que se enfrenten ejemplarmente en contra de aquellos autores y personajes identificados por ser los responsables de haber raptado el tieso epitafio de los Derechos Humanos los cuales se han ido convirtiendo en una corporación mas.

Mientras, múltiples y reiterados han sido los llamados efectuados desde varios sectores sociales ultrajados por gobiernos de turno que financian las cuotas anuales para siete jueces que no deciden o hacen prescribir los delitos que luego son tocados por el recuerdo del impune tiempo, es decir el olvido y la injusticia.

La CIDH con su sede en San José de Costa Rica tuvo la responsabilidad de aplicar verdaderas decisiones que hubiesen favorecido a desposeídas minorías. Pero su no aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los mismos tratados en estos derechos sometieron a quienes estaban inscritos para su protección en el sistema interamericano, pero se quedaron esperándolos, esto ha ayudado a incrementar las injusticias jurídicas en América Latina.

La actual desventajosa configuración geográfica, geopolítica y geoestratégica que dan cuenta de un mantenido e irreal concepto de seguridad y defensa para la región, frente a la competencia y el desmedro de las naciones poderosamente militarizadas del mundo que apresuradamente van colocando a un continente que exige cambios necesarios y reales en manos de quienes se abrogan la libertad indefendible de las violaciones a civiles en las veinticinco naciones que integran al descarrilado sistema de la CIDH: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Y sigue la desventaja. Si algún Estado no cotiza las millonarias sumas en dólares que pecha el organismo defensor de los derechos humanos sencillamente es apartado. Actúan bajo el formato de una corporación que mantiene a siete lustrosos jueces en la más incólume burbuja planetaria.

La violación de la autonomía de los Estados es tal por este organismo internacional que más bien parece al perro guardián que cuidaba a Hitler, un Pastor Alemán llamado Blondi.

Este custodio de sus millonarias cuentas no acepta pagos en moneda local para trabajar en realidades y proyectos específicos de cada país, sus cuotas tienen que venir en dólares a parar a las cuentas secretas de la CIDH de la cual se beneficia el grupito de sus beneficiarios y nadie conoce la administración de sus ocultos fondos.

Esta delicada situación ha presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una especie de club tapizado por miembros haciéndose millonarios con decisiones que desde hace décadas cuando su creación en 1979 debió haber estado al servicio y resguardo de los mas desamparados y desprotegidos jurídicamente.

Pero los fuertes señalamientos no se detienen allí. Los intereses de las corporaciones han llevado al Armagedón de este organismo internacional a la politización de sus acuerdos y decisiones. Por eso las fuertes criticas no tan sólo han venido desde el seno del gobierno venezolano y desde las diferentes y mas diversas expresiones sociales que le reclaman a la Corte decisiones parciales, coherentes y ajustadas al proceso de cambio que atraviesa de la mano la inmensa mayoría de la población en los países integrantes de la ALBA-TCP y de otros que propician cambios históricos.

Países como Perú y Colombia han hecho fuertes reclamos. En el caso del neogranadino país se demostró ante la amañada sentencia de la conocida Masacre de Mapiripán donde irresponsablemente la Corte afirmo con nombres, apellidos y hasta número del documento de identidad de supuestos cuarenta y nueve cadáveres donde después se demostró que la mayoría de ellos están vivos y no asesinados como lo destaco e impuso la CIDH.

Estas razones de parcialidad hacia algunos intereses que representan el cuido del capital internacional van criminalizado a los gobiernos pertenecientes a la ALBA-TCP y han descriminalizado a los responsables que amparados en el Quo Vadis de la reacción mundial cuidan los espacios de esta Corte para la defensa internacional y control hegemónico de una extensa área rica en importantes materias primas para el mundo como es el caso de Venezuela que posee las reservas petroleras más grandes de todo el Planeta Tierra y cuyo gobierno defiende dentro de todos los espacios internacionales los intereses de la mayoría de su población.

Ya, países como Trinidad y Tobago también se han sumado al reiterado reclamo y han terminado por retirarse de este atrofiado anillo el cual es mantenido por la Corte, denunciándoles internacionalmente en su ámbito de jurisdicción, también el gobierno peruano anuncio su retiro por inconsistencia en las acusaciones que la CIDH ha efectuado del nación Hinca.

Por esta razón el actual Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado y denunciado ante el mundo que la CIDH incluso llegó al extremo de avalar y felicitar públicamente el golpe de estad que contra nuestro país ejecutaron los sectores más radicales de ultra derecha en contra de nuestra nación. Y cuando en ese momento violaron la Constitución y todas las leyes establecidas por un gobierno legitimo la Corte silencio los micrófonos que sirve para escuchar sus oscuros y silentes discursos que a diario se imponen en contra de la soberanía nacional.

Toda esta descomposición que viene sucediendo en el seno de la Corte se da por la inefable composición de la misma. El nombramiento de sus siete jueces se da tras los intereses personales de supuestos juristas de alta solvencia e integridad moral. En su mayoría constituida sólo por hombres, donde las mujeres llevan la mas alta desventaja y donde sus miembros son los reconocidos nombres de pudientes familias y corporaciones que hacen vida sobre todo económica en Latinoamérica.

El actual presidente para cubrir el presente periodo 2010-2014 recayó en el peruano Diego García Sayán. El cargo de vicepresidente es ejercido por el argentino Leonardo A. Franco y los cinco jueces restantes quedaron de Chile con Eduardo Vio Grossi, Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Margatette May Macaulay de Jamaica, Alberto Pérez Pérez del Uruguay y Rhadys Abreu Blondet de la República Dominicana.

Venezuela, no logra presidir la Corte desde inicios de la década de los ochenta, concretamente desde el año de 1983 cuando estuvo a cargo y sólo por dos años en la responsabilidad del reconocido escritor y jurista nacional Pedro Nikken.

Ahora la Corte Interamericana de DDHH encontró un nuevo responsable: Venezuela. Y en todos los juicios que involucren a nuestro país por sólo haber cometido el “pecado” de haber elegido el gobierno de Hugo Chávez, entonces ninguno de los juicios donde Venezuela reclame prosperará, pero muy al contrario, donde seamos nosotros los acusados, ellos no serán imparciales, pues se parcializarán en contra del Estado venezolano, pues lo que buscan es enjuiciar al propio Presidente Hugo Chávez y a los principales líderes de la revolución bolivariana.

Por eso y en mi criterio puede sobrevenirse la confección de un escenario mundial donde un día de estos amanezcamos con la noticia que algún alto funcionario del gobierno venezolano sea detenido en cualquier país del mundo acusándolo de cualquier Código Rojo de Interpol y sea juzgado en otro país señalados de cualquier desventura y que detrás de esto estarán las huellas de las pisadas de la CIDH.

La CIDH es dirigida bajo los intereses, dominio y tutela del Departamento de Estado norteamericano, esto la ha hecho en su confección un organismo total y absolutamente sesgado. Lo cual le permite dándole luz verde para ser una institución ensañada en contra de Venezuela y en donde así, no vale la pena seguir allí respirando sus aires ni con los filtros más modernos de las últimas mascarillas.

Por estas razones no vale la pena que nuestro país permanezca por mas de un minuto allí, cotizándoles en miles de dólares los gastos que se reparten como los atracadores del erario de una nación soberana, libre e irrestrictamente democrática.

Actualmente, la suerte del organismo internacional está bajo el mantenimiento y control de los sectores mas ultraderechistas de los Republicanos y Demócratas estadounidenses al servicio del tristemente servil de la Oficina Oval de Washington.

Mientras, van convirtiendo a la CIDH en un circulo improductivo de los Derechos Humanos. Intentando enmarañar a Venezuela en unos mecanismos de control que intentan obligar a cumplir con unas resoluciones altamente falsas e infundadas en los sacrosantamente opacos mecanismos de protección que intentan la obligatoriedad de los intereses imperialistas.

Parecen locuras diluvianas que anuncian el cambio lúgubre de un organismo ahogado en su ineficacia y congelados sus pies en tremendas panelas de concreto, pues, quienes ahora opinan que un país se vaya o se quede pasa por las manos de la diplomacia estadounidense.

Responsablemente, Venezuela ha activado el camino soberano de plantear el legítimo he inmediato derecho de irse de la Corte. Esta soberana decisión activó esta nueva campaña internacional en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

Han emprendido una lúgubre cruzada acusando a la revolución bolivariana de incentivar para la región Estados apartados del concierto internacional y a su vez acusarnos de ser un “Estado forajido”. Acusación que no se han cansado en repetir hasta saciar el muy lamentable montaje de escenarios que vayan a favor de todos los medios anti-Chávez.

Llama poderosamente la atención que el portavoz del Departamento de Estado de los EE.UU., Mark Toner, quien se apresuró a calificar la decisión de Venezuela como “muy lamentable”, cuando ni los Estados Unidos ni Canadá reconocen en la CIDH autoridad para juzgar sus propias violaciones a los derechos humanos. Y vaya que son bastantes como recientemente las hemos visto en la criminalización que le han dado a los seres humanos de color y a las minorías que trabajan y que llevan incluso a la Pena de Muerte en el muy conocido Callejón de la Muerte en la nación de cincuenta y cuatro estrellas.

Muy elocuentemente lo planteó el gran escritor venezolano Luis Brito García: Si los derechos humanos los viola un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.

Los recientes reclamos de Venezuela hacia el funcionamiento de las comisiones de la Corte hacen imposible que Venezuela no sea juzgada por este espacio internacional prejuiciado en contra de nuestro país.

Actualmente el gobierno bolivariano se ubica en uno de los países que más imparte équida en cuanto al novedoso, avanzado y moderno sistema de justicia expresado primeramente desde su carta magna que es la Constitución de la República Bolivariana y sus novedosísimos sistemas de leyes orgánicas que ahora mas que nunca garantizan derechos e igualdades a la familia venezolana, como la recién aprobada Ley Orgánica del Trabajo, cosa que en gobiernos anteriores eran prácticamente nulas por un sistema judicial inservible, atrasado y corrompido por las cúpulas de los tradicionales partidos políticos.

El actual sistema interamericano de los derechos humanos es subsidiado en mas de un 50% por los Estados Unidos, ¿esto garantiza équida y trasparecía en las decisiones que se tomen en contra de Venezuela? Quien paga decide y esto desde ya está muy claro.

El sistema de justicia de esta Corte funciona como un satélite, orientado desde las directrices del grupo Obama.

Mientras, la Corte va retando la legalidad de algunos países que se oponen a una corta injerencia, quienes nunca dijeron nada ni se pronunciaron en contra de aquellos personajes políticos y militares que saquearon en torturas la voluntad política de quienes dignamente se opusieron a las dictaduras latinoamericanas del siglo que recién finaliza y donde los responsables en nada pagaron por su irresponsabilidad en la criminal locura que desapareció a miles de ciudadanos.

Aún, muchos países merecen la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad de los hechos aquellos que perdieron a amigos y parientes y que continúan sufriendo como si muriesen de nuevo y siempre en cada oscuro día.

Torturadores que después se cubrieron con el trapo deshilachado de la amnistía como es el caso de Centroamérica y Suramérica, regiones enteras que fueron asoladas por torturadores y que hoy descansan en la criminalidad de sus acciones y nunca hubo CIDH que se parara frente a aquellos gobiernos y reclamasen castigo para esos culpables, pero hoy, si quieren establecer sanciones contra nuestro país por haberle señalado unas cuantas verdades a la nacionalidad de la mentira corporativa representada en el seno de la oscura Corte Internacional la cual al igual que ayer siguen defendiendo los intereses que permanecen ocultos en los diversos escenarios de la mentira derechista internacional.

La comunidad internacional no orientará sanciones en contra de nuestro país por considerarla autónoma, independiente y libre su decisión. La configuración del nuevo escenario internacional presenta obstáculos por decisiones apoyadas dentro de organismos internacionales los cuales se abrogan sanciones a sus medidas.

La decisión de actual de Venezuela es histórica y su repercusión llamará a otras naciones a reclamarle a un sistema internacional de derechos humanos que transita por una de las mas fuertes crisis.

Los nuevos espacios internacionales del CELAC y UNASUR corresponden desde ya a crear nuevas condiciones ideales de funcionamiento por el cual se desarrolla el nuevo modelo de integración no ficticio y muy real acrecentado en el nuevo movimiento regional.

venezuela01@gmail.com

http://www.aporrea.org/internacionales/a144296.html

La SIP y la CIDH apuntan a Correa : En tren de decir barbaridades contra el jefe de Estado, los medios de Ecuador no fueron menos que Clarín y “La Nación”.


Argentina's Bicentenial. In the picture, from ...

Argentina's Bicentenial. In The Picture, From Left Tu Right President Sebastian Piñera (Chile), Pres... Image via Wikipedia

Fuente : LA ARENA

La SIP y la CIDH, con aliento de Washington, quieren derrotar a Correa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza una visita a Ecuador. Sería parte de la campaña conjunta (SIP, OEA y Departamento de Estado) para jaquear al presidente Correa.
EMILIO MARÍN
Rafael Correa es el presidente de Ecuador. Goza de suficiente apoyo popular pues ha ganado las últimas seis elecciones, contando las presidenciales, las de reforma constitucional y el plebiscito sobre reformas judiciales.
Pero debe ser por eso que no lo dejan en paz. Algunas multinacionales de hidrocarburos, están entre los principales afectados por ciertas disposiciones de la “revolución ciudadana”.
En junio pasado se nacionalizó la estadounidense Noble Energy y su controlada Energy Development Company (EDC). A fines de 2010 el gobierno convirtió las concesiones petroleras en contratos de prestación de servicios: el dueño del petróleo y el gas pasaba a ser el Estado, que pagaba a las extractoras un precio fijo por cada barril, tomando en cuenta el costo y un margen de ganancia. Noble Energy-EDC no aceptó esas reglas de juego y Correa regateó un precio para que se fuera del campo de hidrocarburos “Amistad”, pagando 74 millones de dólares.
Con matices esa es la política hidrocarburífera de Hugo Chávez y Evo Morales; no así de Cristina Fernández y Dilma Rousseff. De allí que haya tanta bronca de las petroleras, el Departamento de Estado y el establishment empresarial de Quito y Guayaquil contra Correa y esos otros dos presidentes del ALBA (Alianza Bolivariana de Nuestra América).
Esa campaña de desestabilización llegó a su máxima cota el setiembre de 2010, cuando en Quito hubo una rebelión policial disfrazada con reivindicaciones supuestamente “gremiales”. Esa cortina de humo disimulaba un golpe de Estado contra el presidencial palacio de Carondelet. Correa fue tomado prisionero por los golpistas y fue rescatado al costo de cinco muertos. En total, en la asonada, murieron diez personas y el presidente se salvó “raspando”.
Otra vez las similitudes. Chávez enfrentó un golpe de Estado en abril de 2002 y también tuvo la fortuna de no ser ultimado en la isla de Orchilla. Evo sufrió el putsch en setiembre de 2008, motorizado por la ultraderechista Santa Cruz, que casi lo saca finado del Palacio Quemado.
Todos esos eventos desestabilizadores, del que también formó parte el lock out de la Mesa de Enlace de Argentina, tuvieron un ejército mediático. Desde las “tribunas de doctrina” y muchos medios que presumían de “independientes” se justificaba la rebelión policial de Quito y similares sudamericanas.
En tren de decir barbaridades contra el jefe de Estado, los medios de Ecuador no fueron menos que Clarín y “La Nación“. Correa era un “tirano” clonado de Chávez y Fidel Castro. Pasado el putsch, El Universo de Guayaquil aseguró que Correa era un dictador y en el futuro podría ser demandado por delitos de “lesa humanidad”.

Todos a Miami.

Emilio Palacio, entonces jefe de Opinión de ese matutino, el de mayor tirada nacional, publicó el 6 de febrero de 2011 su artículo “No a las mentiras”. Allí acusaba al presidente de haber ordenado, aquel 30 de setiembre de 2010, “fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”.
La verdad es que Correa estaba preso en ese lugar, en poder de los golpistas, y los que dispararon contra el público y contra quienes fueron en rescate del presidente, fueron los efectivos policiales violadores del orden constitucional.
En julio de este año hubo un primer fallo favorable al presidente, cuando el juez Juan Paredes condenó a tres años de prisión a los tres dueños del diario, Carlos, César, Nicolás Pérez, y al columnista Palacio, así como a pagar una indemnización de 40 millones de dólares al injuriado.
Deducida la apelación por la parte empresaria, un fallo de segunda instancia confirmó el 20 de septiembre aquella sentencia. La línea de defensa de los cuatro sentenciados se había bifurcado. Palacio se exilió en Miami el 24 de agosto, aduciendo que “en los últimos días, la dictadura redobló de tal modo su persecución en mi contra que debí concluir que mi seguridad corre peligro”.
Por su parte los tres hermanos dueños de la editorial adujeron que no era una empresa ecuatoriana neta, sino mitad y mitad con capitales estadounidenses con sede en la isla Gran Caimán. A partir de ese dato antes oculto y negado, los empresarios solicitaban la aplicación de normas de defensa del capital en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones. ¡Ecuatorianos para mentir, estadounidenses para procurarse impunidad!
Los calumniadores tuvieron desde Miami la defensa incondicional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una colateral de la OEA y el Departamento de Estado. Como en casos similares contra Chávez, Evo y la propia presidenta argentina por la ley de medios, la cloaca de Miami rebalsó en contra del gobierno de Ecuador.
No lo hizo no sólo por defender los intereses de El Universo sino en general de la corporación mediática conservadora. Es que Correa tiene presentado al Congreso un proyecto de ley de medios, más democrática, que busca poner límites al poder concentrado de las comunicaciones. Los enemigos dicen que está copiada de la ley de responsabilidad de los medios impulsada por Chávez en Caracas, donde también éstos podían decir cualquier cosa, incluso alentar el magnicidio. El reciente plebiscito ecuatoriano aprobó crear un Consejo “para establecer límites a los contenidos racistas o discriminatorios”. Lo había hecho antes Evo en el altiplano y los medios opositores lo tildaron de “censor”.

Pelea no cesa.

La última asamblea anual de la SIP fue hace diez días en Lima. Allí el titular saliente de la entidad, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, y el nuevo directivo de la Comisión de Libertad de prensa, el uruguayo Claudio Paolillo, dispararon contra el presidente ecuatoriano por el caso de El Universo. La Resolución de las patronales gráficas criticó a Ecuador y advirtió que “muchos gobiernos intolerantes y autoritarios intentan conseguir el mismo objetivo de enmudecer a los medios”.
Algo bueno debe haber hecho Correa para que ese órgano tan desprestigiado en el continente lo haya colocado como el enemigo público número 1.
El principal motivo de ese enojo es la política del gobernante partido Alianza País para con los medios. Además de lo ya comentado, el gobierno ecuatoriano decidió transmitir Telesur por señal abierta en el estatal Canal 48, que se moverá a la grilla del 7. El operativo estará listo a mediados del año próximo, según declaró a la Radio del Sur el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. A propósito, una parte de la población argentina también está aguardando que el gobierno de CFK ponga Telesur en la Televisión Pública, por canal de aire, las 24 horas.
¿Qué hará Correa con los 40 millones de dólares, si finalmente los cobra por el juicio? Ha dicho que los donará al fondo ecológico que recauda para la iniciativa Yasuní ITT. Se trata de un parque amazónico donde existen reservas petroleras, que Ecuador se compromete a no explotar, a cambio de ayuda internacional por la mitad de los ingresos que tendría si ese crudo es explotado. El clima saldría ganando y la caja estatal también. Debe ser por eso que hasta ahora la colecta mundial anda flojita, pese a tantas declamaciones preocupadas por el cambio climático…
El presidente no ha descartado renunciar a ese cobro, una vez que quede firme la sentencia contra los empresarios periodísticos que lo calificaron de dictador y genocida.
El viernes 28 los diarios ecuatorianos publicaron que una misión de la CIDH podría visitar el país, preocupada por la situación legal de esos empresarios. Estos confían que la comisión repudie a Correa y que sus disposiciones “garantistas” se pongan por sobre el ordenamiento jurídico local. Si no fuera grave, sería cómico leer que este lobby conservador alega con el artículo 424, de la nueva Constitución impulsada por Correa, que dice: “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos, más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Quieren zafar por ese lado, con aval de la SIP, Adepa, Clarín y la runfla monopólica, más el Departamento de Estado de Hillary Clinton (http://www.eluniverso.com/2011/08/10/1/1355/diarios-ecuador-libre-expresion.html).
Este jueves Correa anunció en Riobamba que en cuatro años erradicará la desnutrición infantil, un flagelo nacional. Los medios detractores no dieron mayor espacio a la noticia, empeñados como están en derrotar al presidente y que la corporación salga indemne de Tribunales. Seguramente mañana en Paraguay, en la Cumbre Iberoamericana, Correa dirá lo suyo. La pelea va para largo y no está claro quién vencerá a quién.

http://www.laarena.com.ar/opinion-la_sip_y_la_cidh__con_aliento_de_washington__quieren_derrotar_a_correa-67039-111.html

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