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› ENCUESTA EXCLUSIVA LA MAYORIA DE LOS ARGENTINOS RESPALDA AL GOBIERNO FRENTE A LOS BUITRES
Pájaros non gratos
Para seis de cada diez consultados, la situación actual es culpa del juez Griesa y de los especuladores, mientras que el gobierno nacional está haciendo las cosas “de manera correcta y responsable”. Las imágenes positivas.
Por Raúl Kollmann
Seis de cada diez personas considera que en la negociación con los fondos buitre “el Gobierno está haciendo las cosas de manera correcta y responsable”. Y en la misma proporción mayoritaria, los ciudadanos afirman que “los fallos del juez Griesa demuestran los vínculos entre el capital financiero y la Justicia norteamericana”. Detrás de estos datos y el notorio crecimiento de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (ver aparte) –verificada por todas las encuestas– está el hecho de que la gente percibió que la Argentina no cambió de postura desde el principio, que existe una especie de ataque de un pequeño grupo de poderosos financistas y que la firmeza del Gobierno no ha llevado, ni por asomo, a una situación similar a la de 2001. También pesa de forma importante la percepción de la gente de que la Presidenta no se mueve en esta batalla sobre la base de intereses electorales.
Las conclusiones surgen de una encuesta realizada en forma exclusiva para Página/12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que encabeza el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 437 ciudadanos en la noche del jueves y durante el viernes, en Capital Federal y los 19 distritos del Gran Buenos Aires, respetándose las proporciones edad, sexo y nivel económico-social. Bacman sostiene que la muestra es representativa de la opinión pública a nivel nacional porque agrupa casi a la mitad del electorado y combina dos distritos que en 2013 tuvieron comportamientos distintos en las urnas.
“Acá la clave es que, desde el punto de vista comunicacional, el Gobierno ha logrado hacer prevalecer su mensaje. O, dicho en otros términos, a la gente le parece cierto y razonable el mensaje del Gobierno –resume Bacman–. Por ejemplo, cree que del otro lado, acosando a la Argentina, hay un pequeño grupo de fondos buitres, que son apenas el uno por ciento de los bonistas, que son un grupo indeseable en términos del sentido común y que hay una especie de agresión contra el país. En una palabra, así como otras veces no aceptaron algún enemigo señalado por el Gobierno, esta vez hay una sólida mayoría que tiene la misma visión que la Casa Rosada y piensa que hay una alianza buitres-juez Griesa-poder financiero que constituye un real enemigo.”
Para Bacman hay muchos términos técnicos e incluso jurídicos que la gente no entiende, pero percibe el grueso de la situación. “Yo veo en la encuesta que la gente le cree a la Presidenta cuando dice que no va a firmar cualquier cosa que comprometa el futuro y que acordar con los fondos buitre algo mejor que con el 93 por ciento de los bonistas compromete el futuro, que eso nos mete otra vez en una gigantesca deuda. La nota escrita por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna coincidiendo con ese punto de vista, también hizo que se disolviera mucho el discurso opositor. El massismo bajó el tono; Macri, que en los días anteriores había dicho que se debía pagar sin dar vueltas, se encerró en el silencio; el radicalismo nunca fue claro. O sea que en la oposición sólo quedaron los titulares de los diarios adversos al Gobierno.”
Según sostuvieron varios encuestadores –y también publicó este diario–, hace un mes el ciudadano común estaba preocupado por el peligro de un default y una situación parecida a la de 2001. Las encuestas daban casi una situación pareja entre quienes opinaban que el Gobierno manejaba bien la situación y los que sostenían que la manejaba mal. Había unos puntos de diferencia: 51 por ciento aprobaba el tratamiento del conflicto con los fondos buitre y más del 40 por ciento se manifestaba en desacuerdo. En estos 30 días se fue instalando un espíritu de mayor tranquilidad y a lo largo del jueves y el viernes –cuando se concretó la encuesta del CEOP– se asentó la idea de que el panorama es serio pero que no hay una catástrofe como pronosticaban algunos a través de los medios. También se entiende que el Estado cuenta con fondos, con reservas, que no existe una cesación de pagos como en 2001, sino una ofensiva de ese adversario –buitres-Griesa– señalado por el Gobierno. Eso explica que la aprobación del manejo del choque con los holdouts haya subido a más del 60 por ciento y el desacuerdo haya bajado al 33 por ciento. Pero, además, la gente marca, por amplia mayoría, la responsabilidad en la situación: el 60 por ciento sostiene que no se llegó a un acuerdo por culpa de los buitres, la Justicia
norteamericana y el juez Griesa, mientras que apenas la mitad, el 30 por ciento, afirma que no se llegó a un acuerdo por culpa del Gobierno.
“Yo creo que jugó un papel importante el discurso del jueves de la Presidenta –sostiene Bacman–. Fue breve y eso es importante cuando se trata de cuestiones bastante técnicas. Insistió en la idea de que el Gobierno ratifica lo que viene diciendo desde el primer día: que hay un pequeño grupo de buitres atacando al país desde afuera. También reiteró el concepto de que se busca un país previsible y sustentable. A mí me parece que en todo esto pesa que el ciudadano común no ve lo que hace CFK como una jugada electoral. Se sabe que no hay reelección y la postura de que no va a firmar cualquier cosa que endeude al país, cae muy bien. Hay una parte de la población que sabe que si la Presidenta acuerda con los buitres, el pago sería con bonos que pagarán los próximos gobiernos y que la famosa cláusula RUFO también será motivo de juicios que deberán afrontar los próximos gobiernos. O sea que supuestamente para ella sería fácil salir del paso firmando y en la encuesta se valora que CFK se mantenga firme contra viento y marea.”
El sondeo del CEOP muestra un aspecto en que el Gobierno ha hecho eje: no se puede llamar default a la situación actual. Una amplia mayoría (64 por ciento) está de acuerdo con esa postura y sostiene que la Argentina “no está en default, viene pagando la deuda desde hace años”. Esta idea redondea la postura de la gente respecto de lo que está pasando: perciben un ataque de afuera, injusto porque sólo es el uno por ciento de los acreedores y protagonizado por un puñado de individuos oscuros. El hecho de que la sede de la controversia sea Nueva York, Estados Unidos, le agrega el condimento del país poderoso ejerciendo el poder en forma despiadada.
La negociación
El juez Griesa
¿Quién es responsable de que no haya acuerdo con los buitres?
epigrafeEl default
La soberanía
LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENTA Y DEL MINISTRO DE ECONOMIA
Un salto en la imagen positiva
Por Raúl Kollmann
La imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene subiendo en forma notoria desde hace dos meses y pegó un salto grande durante julio, a raíz del conflicto con los fondos buitre. CFK llegó nuevamente a más del 54 por ciento de opiniones positivas, mientras que el 43 por ciento opina negativamente.
“Nosotros venimos diciendo desde hace mucho que hay un núcleo duro que apoya a la Presidenta –explica el titular del CEOP, Roberto Bacman– y que nunca bajó del 33 o 34 por ciento. Y también dijimos siempre que existe una periferia, que votó a CFK en algún momento y que llevó esa votación al 54 por ciento de 2011. Ahora percibimos que alrededor del caso de los fondos buitre, la imagen positiva, no los votos, abarca a toda esa gente que estuvo cerca de la Presidenta.” También hay un gran crecimiento de las opiniones positivas respecto del ministro de Economía, Axel Kicillof: llega al 52 por ciento de opiniones positivas frente a un 40 de negativas.
Los datos que marcan el crecimiento de las opiniones favorables al desempeño de la Presidenta y el ministro vienen siendo registrados por distintas encuestas, no sólo la del CEOP. “Lo que vemos es una cantidad de ciudadanos a los que les parece bien lo que está haciendo la Presidenta, no es que la vota –explica Bacman–. El fenómeno que está ocurriendo es que vuelve a reunirse un conjunto de ciudadanos, críticos de los años `90 y que en 2011 votaron a CFK. Por distintas razones una parte se fue alejando, aunque siempre quedó ese núcleo duro que acompañó al Frente para la Victoria aun cuando la Presidenta le pidió que vote a candidatos que apenas conocía, como Martín Insaurralde. Ahí respondió un 33 por ciento, aproximadamente. Ahora vuelve a reunirse el 54 por ciento, aunque no para votar. La gente tiene claro que no hay reelección y valora la postura de la Presidenta, porque no hay especulación electoral. Sea como fuere, el porcentaje de imagen positiva es altísimo.”
En las encuestas, CFK siempre rondó el cuarenta por ciento de aprobación en el último año. A veces un poco más, a veces un poco menos. Ya el mes pasado hubo una suba al 46 por ciento y en este julio se produjo el salto más importante. La batalla contra los buitres también subió mucho la valoración del ministro de Economía. Ha sido protagonista en el manejo de ese conflicto, viajando a Nueva York, reuniéndose durante horas con el mediador e incluso con los representantes de los fondos buitre. Ese protagonismo se coronó con dos conferencias de prensa que se emitieron casi en simultáneo por todos los canales durante la última semana. En la encuesta del CEOP, Kicillof alcanzó nada menos que el 52 por ciento de aprobación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/252162-69137-2014-08-03.html
EL «SPECIAL MASTER» QUE MOSTRO LAS PLUMAS
Un planteo contra el mediador Pollack
El viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, adelantó que el Gobierno pedirá la remoción de Daniel Pollack, el abogado designado por el juez Thomas Griesa para mediar en la negociación con los fondos buitre. «Más que mediador, Pollack se está poniendo la camiseta de los buitres», afirmó.
El miércoles Pollack emitió un duro comunicado en el que opinó que “la Argentina entrará inmediatamente en default” luego del fracaso de las negociaciones.
«El próximo paso es pedir la remoción de Pollack», adelantó el viceministro y dijo que «vamos a hacer la presentación formal y veremos qué contesta el juez». «Más que mediador, Pollack se está poniendo la camiseta de los buitres porque realmente no está tomando en cuenta la posición argentina, no está le pidiendo nada a cambio a los fondos buitres, ni que bajen algunas de las condiciones absolutamente inaceptables para Argentina», consideró en declaraciones a FM Nacional Rock.
Consultado sobre si el juez Thomas Griesa no desechó ya la posibilidad de remover a Pollack, el funcionario explicó: «Lo ha dicho de manera oral porque nuestros abogados lo han pedido en una audiencia de manera oral» pero «nosotros ahora vamos a hacer la presentación formal y veremos que contesta».
El funcionario también minimizó el cobro de seguros contra defaults al asegurar que no tiene «ningún efecto concreto sobre la economía». «Este tipo de seguros de default que se disparan no tienen ningún efecto concreto sobre la economía argentina, porque ese es un mercado de apuesta, o sea Argentina no paga nada porque alguien declare que está en default selectivo, no selectivo, chiquitito, grande, esas son apuestas entre privados», afirmó Álvarez Agis.
En diálogo con el programa «El fin de la metáfora», opinó que la decisión de la Asociación Internacional de Seguros contra Default y Derivados (ISDA) de declarar el viernes a la Argentina en default, con lo que activó los pasos para abonar unos 1000 millones de dólares, «es una situación un tanto insólita». «Es como que la compañía aseguradora cobre seguro por el auto porque los fondos buitres están de los dos lados de la mesa, tienen seguros por default» pero «además integran el comité que vota para determinar si Argentina está o no en un default, con esos intereses cruzados es obvio para donde va a estar inclinada la votación», explicó.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-252167-2014-08-03.html
› SOSPECHAS DE ESTAFA MILLONARIA
«Dilucidar si existió una posible manipulación de mercado»
La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializará mañana el pedido de información a su par de EEUU, la Security Exchange Comission (SEC), por posibles maniobras especulativas con los bonos de la deuda Argentina en el exterior.
El organismo presidido por Alejandro Vanoli pedirá a su contraparte que «informe sobre la negociación e intermediación de los bonos públicos emitidos por la República Argentina y los swaps de incumplimiento crediticio (CDS por sus siglas en inglés) vinculados con la deuda soberana».
El objetivo es «individualizar a los tenedores de esos títulos que operaron en el mercado de Nueva York» y «dilucidar si existió una posible manipulación de mercado y de uso de información privilegiada mientras se perseguían estrategias judiciales contra nuestra Nación», indicó la CNV en un comunicado emitido esta tarde.
Se buscará determinar si existió un posible conflicto de intereses por parte de un grupo de tenedores de bonos, entre los que se encontraría la firma Elliot Management Corporation, de la cual NML Capital es parte. Ese grupo, que optó por no participar de la reestructuración de deuda y mantiene un litigio con Argentina en los tribunales de Nueva York, posee al mismo tiempo seguros contra default («credit default swaps» o CDS, según sus siglas en inglés) e integra el Comité de Determinación de Créditos Derivados de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA).
Para la CNV, el caso podría ser de «aún mayor gravedad que uno de uso de información privilegiada» al considerar que el juez Thomas Griesa «delegó en los fondos que se encuentran en litigio con el país la decisión de conceder una suspensión de la sentencia». «Si tuvieran en su poder CDS podrían haber producido ellos mismos las condiciones del cobro», agregó la Comisión.
Al respecto, la CNV alegó que «para que se dispare el cobro de los CDS es necesario que la ISDA determine que se ha producido un evento de crédito negativo», y mencionó que el fondo Elliott Management ya estaría siendo investigado por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) por posible delito de uso de información privilegiada en relación a una operación bursátil.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-252172-2014-08-03.html
OPINION
No es un default
Por Alfredo Zaiat
El inédito acontecimiento financiero derivado de la orden del juez Thomas Griesa de bloquear el cobro del vencimiento de intereses de deuda soberana a bonistas del canje no es un default. No lo es en términos jurídicos, financieros y económicos. No se trata de un debate semántico, aunque sí político, como queda reflejado en cada una de las opiniones del elenco estable de economistas mediáticos. Para eludir la soberbia de los cultores de la ignorancia, es necesario precisar por qué y cuándo un país está en default.
La actual situación es extraordinaria, lo que ha habilitado un debate político o de bajo vuelo con fines electoralistas, como se expresa en la mayoría de las coberturas periodísticas, siendo los grandes medios promotores de esa campaña de desinformación. También ha gatillado los lugares comunes de la prensa internacional en la descripción del destino económico argentino. El default es una definición que excede la especulación de si es una estrategia política del Gobierno, que la vulgaridad analítica menciona como la pretensión oficial de negar la realidad o de convertir la situación en una gesta épica, o si es una excusa para concretar habituales negocios en el mercado financiero, como las sentencias de calificadoras de riesgo o las apuestas con los seguros contra default. Pese a la insistencia con títulos catástrofes o evaluaciones interesadas de hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica, no se está en presencia de una cesación de pagos de la deuda argentina. No lo es porque lo que está sucediendo a partir del fallo y la orden de cumplimiento de la sentencia Griesa, no ingresa en esa categoría. No existen antecedentes históricos de semejante extravagancia.
Es un evento que no reúne las condiciones de un default, a las que es fácil describirlas en base a antecedentes de la historia financiera mundial: en lo jurídico, incumplimientos en el contrato de emisión de bonos del deudor con el acreedor; en lo financiero, no pago de intereses y capital al vencimiento; y en lo económico, insolvencia del deudor. Nada de eso ha sucedido.
Las calificadoras de riesgo, el comité financiero de la asociación de swaps (por los seguros contra default), economistas locales y analistas internacionales seguirán insistiendo con la existencia de un default. Incluso ahora empezaran a atemorizar con la posibilidad de que los bonistas del canje puedan solicitar la “aceleración” del cobro del total de la deuda. Es el derecho que tienen, según el prospecto de emisión, si hay incumplimientos de parte del deudor. Si eligen ese camino, terminarán judicializando toda la deuda con legislación extranjera (28 mil millones de dólares) y no cobrarán nada porque Argentina defenderá en Tribunales lo que es obvio: no hubo default. Esos bonistas no deberían seguir consejos que están siendo alentados por analistas más interesados en la política doméstica electoral que en la lógica de las finanzas. Cualquiera que conozca cómo funciona el mercado de bonos sabe que el principal objetivo de los acreedores es cobrar los intereses y el capital; no litigar. A esto último se dedican los fondos buitre.
Como lo han mencionado en más de una oportunidad el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la presidente CFK, e ignorado en tantas otras por los publicistas del fantasma del default, Argentina ha pagado en tiempo y forma los intereses del bono Discount bajo legislación argentina, estadounidense, japonesa e inglesa. El dinero lo han recibido los agentes encargados de distribuirlo entre los bonistas. Esos dólares ya no son de Argentina; pertenecen a los bonistas del canje. Por ese motivo la dupla Griesa-Singer no puede embargarlos porque, si bien hasta ahora ha estado afectando derechos de terceros, despojarlos de esos dólares tendría consecuencias no deseadas para esa sociedad juez-buitre.
En términos jurídicos de un contrato entre deudor y acreedor, Argentina ha cumplido con su parte. El default no es un concepto abstracto sino un término preciso, definido en el contrato de fideicomiso que vincula con la Argentina con el fiduciario, el Bank of New York Mellon, y los bonistas. No pagar teniendo los recursos y forzando una cesación de pagos voluntaria es una situación que no está contemplada en la legislación argentina, lo que sería contrario al orden público y una clara violación a los prospectos de emisión de deuda. No existe una causa jurídica para gatillar el default de los bonos. Es tan elemental el caso que ni los bonistas perjudicados ni las entidades financieras afectadas por Griesa-Singer hacen sus reclamos al país deudor, sino que las dirigen hacia el juez.
El 26 de junio pasado, Argentina ha pagado los servicios de capital e intereses de esos títulos de deuda bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 millones están depositados en las cuentas números 15.098 y 15.002 del Bank of New York Mellon en el Banco Central argentino. El deudor ha girado los fondos para que sean recibidos por el acreedor. Por una orden judicial esa transferencia financiera ha quedado incompleta. Los bonistas locales y extranjeros con legislación argentina han recibido los dólares cursados a través de la Caja de Valores y del Citibank-Euroclear, respectivamente. El resto no pudo por una orden de Griesa que impide a los agentes pagadores entregarlos, ampliando su jurisdicción de Nueva York a Europa. El juez es tan expansivo que en la audiencia de anteayer reclamó que dejen de hablar en público funcionarios de un gobierno que no es el de Estados Unidos, extendiendo también su jurisdicción a la libertad de expresión de otro país.
En términos financieros, Argentina giró los dólares pero los bonistas no los tienen acreditados en sus cuentas. Es una irregularidad provocada por el juez, no por el deudor. Eso no es un default. Queda aún más evidente cuando se observa el recorrido de las cotizaciones de los títulos públicos, que apenas tuvieron leves caídas. Esos activos se desploman a unos pocos centavos cuando no se pagan. La explicación buitre es que esa caída no se produjo porque el mercado está a la expectativa de un acuerdo entre privados, o que en el 2015 deja de estar vigente la cláusula RUFO, lo que permitiría solucionar el tema, o que le queda poco tiempo al gobierno de CFK. Son sólo descargos para no reconocer que en términos financieros es grotesco denominar default el bloqueo Griesa.
Además de esos aspectos jurídicos y financieros mencionados, otro aún más relevante para caracterizar lo insólito de esta situación es que Argentina tiene solvencia económica para hacer frente a los vencimientos de deuda. Pagó el correspondiente al bono Discount, hizo lo mismo hace pocos días con la primera cuota del plan de refinanciación con el Club de París y tiene los recursos para los futuros vencimientos, con reservas en divisas en el Banco Central por más de 29 mil millones de dólares.
En términos económicos, Argentina tiene solvencia para pagar sus deudas. Como se sabe, la insolvencia del deudor es lo que provoca el default. Este requisito básico de la cesación de pagos no se cumple en este caso.
Ninguna de las condiciones (jurídicas, financieras y económicas) para definir un default están presentes en el caso argentino. Otro aspecto relevante es que tampoco existen las circunstancias del ciclo económico doméstico que hacen necesario interrumpir el pago de la deuda. Los defaults han permitido reestablecer el curso de la acumulación del capital a lo largo de toda la historia del capitalismo (de 1946 a 2006 hubo 169 cesaciones de pagos de países, según la investigación de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart). Este recorrido está marcado por períodos de intensa acumulación, que llevan a la sobreexpansión empujada por el crecimiento del crédito y el aumento de los flujos de capitales. Las crisis bancarias se deben a que las fases alcistas son seguidas por crisis de sobreproducción, con violentas caídas de los precios. La acumulación de deudas por parte de los gobiernos, y su posterior liquidación violenta, no es ajena a esta dinámica, puesto que los defaults de las deudas externas de los países forman parte de la desvalorización de capitales que acompaña toda crisis. El repudio de las deudas es la vía para esas desvalorizaciones. Por eso para reestablecer la acumulación del capital se necesita del default y posterior reestructuración de las deudas. Eso es lo que ha sucedido en Argentina en 2001. Y eso hoy no es necesario en Argentina 2014, economía que no sólo no vive en una burbuja especulativa de deuda, sino que desde 2005 ha desplegado una intensa estrategia de cancelación neta de pasivos externos.
Entender la lógica de los defaults en la historia financiera mundial permite eludir a los promotores de la ignorancia, especialistas en construir la economía del miedo para que sectores vulnerables caigan en la trampa de defender intereses que no le son propios. Los defaults son el último eslabón del ciclo económico del auge económico y posterior manía especulativa. A fines de los sesenta, la relación entre el PBI mundial, o sea las riquezas en bienes y servicios generadas en un año en la economía, y el circuito monetario era de un ratio 1 a 1. Había correspondencia entre la producción y la masa de recursos financieros. Con la desregulación financiera global y la cada vez más sofisticada ingeniería especulativa, esa relación se distanció en una proporción de 1 a 10 hasta el estallido de la última crisis internacional. Esto significa la existencia de un considerable capital ficticio en circulación, que no tiene ninguna reciprocidad con la cantidad y valor de bienes y activos físicos. Ese capital se multiplica en la esfera de las finanzas por la tasa de interés o la valorización de activos bursátiles sin ser acompañado de una expansión similar de la inversión y de la actividad productiva. Un default viene a destruir ese dinero ficticio-monetario sin contrapartida en el valor de bienes tangibles. La depreciación de parte de ese capital ficticio hasta alcanzar un nuevo equilibrio es un proceso donde se precipitan quiebras, default de deudas, depresión de cotizaciones de acciones y bonos e inflación de bienes y activos refugios, como el oro u otros metales preciosos.
Por definición jurídica, financiera y económica, y fundamentalmente por el propio funcionamiento del ciclo económico del capitalismo, el acontecimiento financiero provocado por el juez Griesa en alianza con fondos buitre y el ejecutador de la sentencia Daniel Pollack es cualquier otra cosa menos un default.
EL MINISTRO DE LA CORTE RAUL ZAFFARONI HABLA DEL ENFRENTAMIENTO CON LOS BUITRES
“Esto es un escándalo jurídico”
Preocupado por lo que ve como un avance de los poderes económicos sobre las instituciones, critica duramente a sus colegas de EE.UU. y propone que la administración fraudulenta de negociaciones internacionales sea imprescriptible.
No tiene problema en admitir que lo que está pasando en Estados Unidos, donde una “Corte provincial” puede arruinar la vida de millones de personas, le provoca miedo. Y avisa de la bancarrota de un sistema legal muy influenciable por el dinero. Raúl Zaffaroni sabe que lo van a criticar, pero propone que administrar los asuntos públicos haciendo cosas como entregar la jurisdicción al extranjero o armando una arquitectura financiera para beneficiar a otros sea un delito imprescriptible, tratado como un caso de derechos humanos.
–Como jurista y no como ministro de la Corte, ¿qué reflexión le merece la situación que plantean los llamados fondos buitre?
–Veo esto con un poco de miedo. Para decir la verdad, con mucho miedo. Como diría Galeano, todo parece patas arriba. Si trajésemos a alguien que hubiese dormido unas décadas, no podría entender nada. Tengo miedo por el mundo, esa es la verdad. El poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico, que hacen lobby y pagan honorarios a profesionales de altísima especialización en estas maniobras. Lo digo más claramente: siempre ha habido y es inevitable que haya vínculos y acuerdos entre los poderes político y económico, pero ahora el primero tiende a desaparecer o a ser manejado completamente por el segundo transnacionalizado. Este mundo comenzó hace cien años cuando un adolescente con una pistola mató a un príncipe aprovechando el error del chófer, que se metió por la calle equivocada, y eso sirvió de pretexto para que las industrias bélicas destrozasen la opereta de uniformes vistosos y coronas y sacrificasen a decenas de millones de jóvenes y población civil en una guerra de devastación de Europa. Como cantaba Gardel en “Silencio”, se mataron y nació un mundo nuevo, en donde el poder económico, después de un siglo, va ocupando por completo al político.
–¿Se refiere a que la decisión del juez Griesa está condicionada y al margen del gobierno de Estados Unidos?
–Aquí está la cuestión. ¿El gobierno de Estados Unidos es Obama? Se trata de un país cuyo gobierno conserva la separación de poderes de Montesquieu. Tuvo el mérito de hacer hace doscientos años lo que los europeos habían pensado y no habían hecho: la república. Bien. Griesa parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia. Esto plantea dos cuestiones diferentes. Primero, el actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte. Fue la famosa y muchas veces citada Suprema Corte de Estados Unidos la que hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero. Ni siquiera tuvo el coraje de darle la razón a Griesa, sino que simplemente, en el equivalente a lo que nosotros en la jerga llamamos “un 280”, dijo “esto no me interesa tratarlo”. ¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre “queda bien”, haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más? Esto es un escándalo jurídico. Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable. Y, por cierto, la Suprema Corte norteamericana es parte del gobierno de los Estados Unidos.
–¿Considera que los lobbies han operado sobre la Corte norteamericana?
–No conozco ni puedo afirmar nada al respecto, pero tampoco me extraña nada, porque la Suprema Corte norteamericana no necesita muchos lobbies para incurrir en despropósitos jurídicos. Tengo la suerte de pertenecer a una Corte Suprema que en su historia se ha equivocado muchas veces, pero ni de lejos alcanzó el nivel de aberraciones de la Suprema Corte norteamericana. Por suerte, nuestra Corte nunca declaró constitucional la esclavitud y precipitó una guerra civil, tampoco y mucho más cercanamente declaró la constitucionalidad del apartheid, ni dijo que estaba bien que los negros fuesen en un vagón y los blancos en otro, ni consideró adecuada a derecho la prohibición de matrimonios entre negros y blancos, ni tampoco legitimó –con el voto del famosísimo juez Holmes– la esterilización de discapacitados. Seguramente esa no es la jurisprudencia de esa Corte que suele citarse con reverencia, pero está. Es un tribunal cuya historia tiene más sombras que luces.
–¿Cómo se explica que nos hallemos hoy en esas manos?
–Esa es la segunda parte de la cuestión y respecto de la cual tenemos que pensar en el futuro. Nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial extranjero y a una Suprema Corte que declara no interesarle nada, en favor de unos especuladores con capacidad para pagar abogados y hacer lobbies. Si alguien administra las propiedades de una viuda o de un huérfano y lo hace en su perjuicio, va preso, conforme a nuestro Código Penal, por el delito de administración fraudulenta, la vieja Untreue alemana, que introdujimos en nuestra ley hace unos cincuenta años. Pero si administra toda la economía de la Nación y entrega la jurisdicción, que es expresión consustancial de la soberanía. ¡Ah! Entonces da cátedra y consejos. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Le podemos seguir exigiendo a la ciudadanía que crea en el derecho y lo respete? ¿No nos damos cuenta de que estamos socavando la base ética elemental del derecho? Creo que lo primero que debemos hacer con miras al futuro es reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional. Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar esta opinión, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo.
–¿Cree que es viable?
–Más que viable, creo que es urgente. En la literatura penal de los últimos años se habla mucho de esto. Cito, por ejemplo, un pequeño gran libro muy reciente de Naucke, que no es ningún improvisado, sino un respetado profesor emérito, que lleva por título Una aproximación al hecho penal político-económico. Naucke dice que hace un siglo, cuando se quiso responsabilizar penalmente al emperador alemán al final de la Primera Guerra, muy respetados juristas dijeron que era una aberración, y hoy nos parece natural la responsabilidad penal de jefes de Estado por delitos de lesa humanidad, más allá de que escapen o no a la Justicia. Señala con razón que nuestro derecho penal se formó con la Ilustración, en contra del poder arbitrario de los estados, pero que hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo. El camino a seguir será análogo al que siguieron los delitos contra la humanidad cometidos por los políticos abusando del poder de los estados. Se trata de hechos políticos abusando del poder económico y también pueden causar muchos millones de muertos.
–Sería una innovación completa en el derecho…
–En algún sentido, no tanto. El propio Naucke lo recuerda. Lo que el denomina “hecho penal político-económico” en cuanto a responsabilidad de los particulares, es una cuestión que se abrió con los juicios de Nuremberg. Aunque no todos fueron condenados, se sometió a juicio a quienes se beneficiaron de la mano de obra esclava o a quienes contribuyeron a las masacres, fuera de sus actividades empresariales normales, incluso a los que vendían el gas para matar en los campos de exterminio.
–Pero eso parece ser algo diferente.
–Sí, lo es, pero abrió el camino jurídico. Muchos años más tarde, después de la caída del Muro de Berlín, se acusó a los jerarcas de la República Democrática Alemana, en particular a su presidente, Honecker, no sólo por las muertes en la frontera interalemana, sino también por administración fraudulenta en perjuicio de la propiedad socialista y el quebrantamiento de la confianza, definidos en el propio Código Penal de la Alemania comunista de Honecker, lo que sin duda era una acusación por delito político-económico. Unos años después, en 2010, fue acusado el ex primer ministro de Islandia por equivocadas decisiones financieras de gobierno, porque omitió lo necesario para evitar la crisis, y en este caso ni siquiera por conducta dolosa o intencional, sino que se lo acusó por negligencia. Estas cuestiones están llamando muchísimo la atención de los penalistas de todo el mundo. El mes próximo, el grupo de los llamados “jóvenes penalistas” de la Asociación Internacional se reúne en San Pablo para discutir el problema del abuso del poder económico, y me invitaron a pronunciar la conferencia de apertura. Hace tres meses apareció en Barcelona un libro colectivo sobre el tema, coordinado por Iñaki Rivera Beiras. Me parece que el tema está explotando en el mundo penal.
–¿En el anteproyecto de Código Penal no lo incluyeron?
–No, la nuestra es una comisión austera. Los técnicos no podemos proponer decisiones fundamentales de política criminal internacional. Eso lo debe decidir el poder político. Podemos asistirlos, asesorarlos, pero nos marcamos como límite ordenar y racionalizar un poco lo que hay en las leyes vigentes, agregar cosas indispensables, que se caían por maduras, como los delitos ecológicos, pero este tema exige debate político y decisión responsable de esos poderes.
–¿Propone algo respecto de lo que haya que hacer en la situación actual?
–En primer lugar, no es mi función asesorar al Gobierno y, en segundo término, no es mi materia y, aunque pasé por la política, no me acostumbré a hablar de lo que no sé. Lo que podría decir es por mera intuición jurídica.
–¿Y le dice algo su intuición jurídica?
–Bueno, si me apura, le diría que me indica que habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre. En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. No hay buena fe en la compra, es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral. Cualquier estudiante sabe que la buena fe es el presupuesto jurídico de toda transacción. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado. Le reitero que no es mi materia, pero la intuición me indica que habría que explorar esta posibilidad. Insisto en que esto es mera intuición, pero creo que deberían analizarla los que saben de estas cosas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-252153-2014-08-03.html
Rey de reyes -Tigran el grande 
Reblogueó esto en EL PROFESOR.
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