Capturan dos buques chinos que pescaban ilegalmente en aguas argentinas


AudiovisualTelam


Publicado el 26/12/2012
Dos buques de bandera china que pescaban ilegalmente fueron capturados en la
Zona Económica Exclusiva de la Argentina, tras una persecución y
disparos intimidatorios del guardacosta de la Prefectura Naval que
impidió su fuga. Los buques llevaban en sus bodegas unas 10 toneladas de
calamar congelado y pescado fresco, lo que infringe la Ley Federal
de Pesca 24.922, por lo cual interviene en la causa la jueza
Federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Seleme, informaron los
ministerios de Agricultura y de Seguridad. Según se informó esta tarde en una conferencia de prensa
brindada por autoridades de Prefectura, las embarcaciones fueron
capturadas el lunes y sus matrículas de identificación son LU RONG
YU 6177 y LU RONGYU 6178, con puerto de asiento en Shidao (China). Fueron detectadas a unos 400 kilómetros aguas adentro de la
ciudad de Puerto Madryn, en Chubut, por el guardacostas GC–26
Thompson, que patrullaba la zona en el marco de los operativos para
la protección de los recursos pesqueros. Ante la presencia de los pesqueros, las autoridades
argentinas, acorde a las normas internacionales, procedieron a
realizar señales de sonoras y comunicaciones de radio con las
embarcaciones chinas, que intentaron darse a la fuga. Frente a esta situación, desde el guardacostas se procedió a
realizar disparos disuasorios, por lo que las naves chinas
depusieron su actitud y se entregaron a las autoridades nacionales. Los buques fueron abordados por dotaciones de pesca de
Prefectura, que constataron que habían cometido infracción a la ley
de pesca. El LU RONGYU 6178 de 40.95 metros de eslora y 17 ocupantes
trasladaba en sus bodegas 7 toneladas de calamar congelado y
pescado fresco, y el LU RONG YU 6177 de 40.95 metros de eslora y 19
tripulantes transportaba 3 toneladas de calamar. La decisión original era trasladar los buques a Puerto Madryn
por cuestiones de calado y de seguridad, sin embargo, la justicia
ordenó el traslado a Comodoro Rivadavia, donde ambas embarcaciones
se encuentran a la espera de personal técnico que guíe el atraco, a
raíz de las características de calado de esa zona portuaria. Según se informó, el pescado fue decomisado por las
autoridades nacionales y los capitanes de ambos buques se
encuentran a disposición de la Justicia. Las multas que deberán abonar las dos embarcaciones por
infringir la Ley de Pesca van de los 5 a los 10 millones de pesos Desde 2003, la Subsecretaría de Pesca “incrementó los
controles a lo largo de la milla 200, invirtiendo cifras muy
importantes para articular con Prefectura Naval y la Armada y
contar con mayores recursos técnicos y humanos en defensa de la
soberanía y los recursos pesqueros del país”, destacó el ministro
Norberto Yauhar. El subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante, expresó que
“haber podido detectar y capturar esas naves en la milla 199, y no
en la 160, como en otras épocas, demuestra que nuestros mecanismos
de monitoreo y rastrillaje permanente funcionan”. Las dependencias oficiales informantes destacaron que las
inversiones en materia de prevención por parte del Estado Nacional,
redundaron en una estadística decreciente en el ingreso de buques
sin permiso a la Zona Económica Exclusiva.

 

Intendentes de todo el país respaldan la ley de medios


Fuente : INFONEWS

Cientos de intendentes de todo el país respaldaron la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de una solicitada titulada `Respeto por la ley: voces para todos y todas`, y pidieron el cumplimiento de la normativa sancionada hace tres años.

“Los intendentes de todo el país aseguramos que, una vez más, Argentina está a la vanguardia en la protección de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información, que constituye una de las obligaciones de un gobierno elegido democráticamente y que toma decisiones políticas para garantizar la pluralidad de voces y la libertad de expresión”, se indica en el primer párrafo del texto publicado hoy en los diarios Página/12, Tiempo Argentino y otros.

Además, los intendentes aseguran que la finalidad de la normativa, “gran paso que dio hace tres años este modelo Nacional, Popular y Democrático que conduce la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue bregar por la multiplicación de canales de información (…) y permitir espacios reales a otras voces que los monopolios silencian”.

“Hay que cumplir con la ley porque vivimos en un Estado que marca derechos y obligaciones. Si un monopolio no respeta la norma es que no entendió que en el país que estamos construyendo se terminaron los privilegios, y tampoco respeta con esa postura ninguno de los tres poderes democráticos, es decir, al Pueblo en su conjunto”, concluye el texto.

Entre los intendentes que adhieren a la solicitada se encuentran Julio Pereyra (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Franciso “Barba” Gutiérrez (Quilmes), Raúl Jalil (San Fernando del Valle de Catamarca), Carlos Mauricio Espinola (Corrientes), Aida Beatriz Ayala (Resistencia) y Néstor Di Pierro (Comodoro Rivadavia).

También firman Blanca Inés Osuna (Paraná), Fernando Antonio De Vido (Formosa), Omar Goye (San Carlos de Bariloche), Miguel Angel Isa (Salta), Raúl Cantín (Río Gallegos), Luis Castellano (Rafaela), Enrique Ariel Ponce (San Luis) y Domingo Amaya (San Miguel de Tucumán), entre otros.

http://www.infonews.com/2012/11/25/politica-49200-intendentes-de-todo-el-pais-respaldan-la-ley-de-medios.php

La masacre tuvo su día de justicia 40 años después


Fuente : Pagina/12

La sentencia generó emoción y aplausos entre los familiares de las víctimas, en Rawson. Anticiparon que apelarán las absoluciones. El fallo marca un precedente porque retrasa el inicio del terrorismo de Estado en el país.

Por Ailín Bullentini

Desde RawsonDesde el extremo del escenario reservado para ellos, se las ingeniaron los cinco acusados en el juicio por la Masacre de Trelew para ubicarse de espaldas al público. Alguno, incluso, procuró taparse la cara. Tardó la gente, el mediodía de ayer, en colmar el cine teatro José Hernández de Rawson, en donde se desarrolló el debate desde su inicio, en mayo de este año, para escuchar en vivo y en directo la decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Las absoluciones

La tensión invadía las primeras filas del teatro, en donde los familiares de quienes fueron asesinados en la Base Almirante Zar de Trelew hace cuarenta años aferraban manos, se mordían los labios y apretaban los ojos como queriendo, con ese gesto, obligar al tiempo a avanzar más rápido. Más arriba, integrantes de Hijos, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esa ansiedad esperanzada con la que todos sostenían las imágenes de sus fusilados fue la primera en recibir la lectura inicial de Guanziroli como un aguijonazo: la absolución de Jorge Bautista “por no haberse probado el delito de encubrimiento”.

El gesto en las caras de los familiares pasó de expectativa a preocupación. La siguiente decisión despertó silbidos y los murmullos comenzaron a calentar el ambiente: la absolución de Rubén Paccagnini del cargo de “autor mediato de 16 homicidios reiterados con alevosía y concurso premeditado de dos o más personas y tres tentativas del mismo delito”. En esta decisión, la jueza Nora Cabrera de Monella se manifestó en disidencia y recibió aplausos por ello. Dos a cero de los cinco puntos que se jugaban en esta final que, para muchos, marca un precedente en la historia argentina porque atrasa el punto de inicio del terrorismo de Estado tal y como se lo conoce propio de la última, fatal y feroz dictadura cívico-militar argentina.

Las perpetuas

A Raquel Camps, hija del sobreviviente de la masacre Alberto Camps, se le vino el mundo abajo. “No podía creer lo que estaba escuchando y no quería seguir haciéndolo. Tenía miedo de que el resto de las condenas fuera igual. Quise salir corriendo”, recordó cuando ya todo estaba dicho, con mucha más calma, pero con las heridas aún abiertas.

Lo que siguió despertó las fuerzas. Los militares retirados Sosa, Del Real y Marandino fueron condenados a “prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía y de tres casos de ese delito en calidad de tentativa” de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, y de los sobrevivientes Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar, todos ellos presos políticos militantes de Montoneros, FAR y ERP-PRT, cometidos el 22 de agosto de 1972.

Los aplausos no permitieron al presidente del TOF finalizar de corrido la sentencia. Tampoco los gritos de “bravo” o los “hijos de puta” y “asesinos” que muchos hombres y mujeres del público, de pie, les dedicaron a los acusados, que permanecieron de espaldas. La declaración de los delitos como crímenes de lesa humanidad sirvió de válvula de descarga para quienes arribaron esa mañana a Trelew en busca de esa frase que, suponían, englobaba a “toda la Justicia”. Cuando la escucharon olvidaron por cuestión de segundos, nomás, las absoluciones del inicio, por las que deberán seguir luchando. Y lloraron. Y se abrazaron. Y buscaron con la mirada hacia arriba el encuentro con aquellos cuyos derechos humanos fueron violados cuarenta años atrás. “Para este tribunal, el juicio ha terminado”, clausuró Guanziroli, luego de mencionar que los condenados sólo acabarían en una cárcel federal cuando la condena estuviera firme. Esto es, por lo menos, tras las apelaciones de defensas y querellas, quienes ya aseguraron que las habrá. Mientras tanto, Sosa, Del Real y Marandino permanecerían excarcelados.

“Sabemos que se hizo justicia, pero no acordamos con las absoluciones”, definió Jorge Ulla, hermano del militante del ERP-PRT, la sensación que se instaló en el cuerpo de la mayoría de los familiares, a medida que iban, poco a poco, abandonando las butacas del lugar en donde un camino cuarenta años de lucha encontró el fin de su primera gran etapa: las condenas. Alicia Bonet, compañera de otro integrante de esa fuerza, también fusilado, fue más positiva al considerar la definición de los delitos como de lesa humanidad como “un enorme triunfo. Jueces argentinos determinaron que Trelew fue el primer acto de terrorismo de Estado”.

Los otros puntos

El pedido de extradición del militar retirado Roberto Bravo a Estados Unidos es otro de los puntos importantes del fallo, junto con la orden para que se le realice al almirante Horacio Mayorga –quien quedó afuera de este juicio por problemas de salud– análisis periódicos para controlar su estado. Bravo fue señalado durante el debate por varios testigos –entre ellos por las voces de los sobrevivientes– como uno de los disparadores en los fusilamientos. En 2008 se realizó un pedido de extradición al país norteamericano, que fue rechazado por la Justicia del estado de Florida. En ese sentido, “la declaración de los hechos como delitos de lesa humanidad es un nuevo argumento para reiterar el pedido”, analizó el fiscal de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, uno de los tres miembros del Ministerio Público fiscal que integraron esa parte acusatoria durante el debate.

El análisis

En cuanto al punto de Bravo, las querellas se mostraron conformes, aunque la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la querella de los familiares, Carolina Varsky, remarcó que el alegato de esa parte solicitó la deportación del militar retirado: “Con este fallo queda claro que él mintió en su ingreso a los Estados Unidos. La masacre es un crimen de lesa humanidad y él es sindicado constantemente con Sosa como uno de los autores de los disparos y responsables”. El TOF, en tanto, denegó el pedido de esa querella de incluir la figura de tormentos en el caso. “El tribunal no entendió el planteo de esta querella de que las torturas que los fusilados padecieron desde el 15 al 22 de agosto de 1972 formaron parte del mismo hecho”, explicó Varsky.

Del fallo del TOF de Comodoro Rivadavia, las partes acusatorias destacaron la definición de los delitos como crímenes de lesa humanidad y todas, también, criticaron fuertemente la absolución de Paccagnini, quien fue el jefe de la base en donde sucedieron los fusilamientos. “La causa de la masacre nos permitía adentrarnos en la estructura militar cuando se trata de terrorismo de Estado, explicar el encubrimiento posterior de Bautista de los hechos y cómo se trasmiten las decisiones a nivel jerárquico dentro de la fuerza. Yo no conozco casos de absolución de jefes de dependencias en las que se hayan cometido delitos de lesa humanidad. Desde el Estado, habla de un desconocimiento de cómo opera esa estructura militar. Leeremos los fundamentos”, expresó Germán Kexel, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su colega Martín Rico aseguró que recurrirán a Casación por el asunto.

“Nosotros estuvimos en la investigación del caso y siempre relacionamos al ex presidente de facto (Agustín Lanusse) con diferentes jefes de mando. En ese trabajo se dejó bien claro cuál era la prueba que lo unía con Paccagnini, dentro de un plan sistemático generalizado de persecución a gran parte de la población, cosa que el tribunal sí dio por probado. No entendemos los argumentos con los que se lo liberó a Paccagnini de culpa y cargo”, rezongó el fiscal de Rawson Fernando Gélvez.

ACTO EN LA BASE ZAR

Cartel en memoria

Abrigada hasta la nariz, apoyada en el antebrazo de una compañera que no la deja ni a sol ni a sombra, Encarnación Díaz se paró frente al enorme cartel y leyó en voz bien baja. Se lo contaba a sí misma, pero también a su tierra, a Trelew, para que ninguna de las dos olvide ese momento histórico. Despacio, recorría las palabras: “En esta unidad de la Armada Argentina se cometieron crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 1972 se perpetró la Masacre de Trelew. Memoria. Verdad. Justicia”.

A poco menos de un kilómetro de la entrada del edificio en donde estuvieron detenidos los 19 presos políticos una semana de agosto de 1972 antes de ser fusilados el 22 de aquel mes, más precisamente en el kilómetro 1453 de la ruta 3, en donde comienza el territorio de la Base Aeronaval Almirante Zar, existe desde ayer un enorme cartel que indica de manera oficial lo que Encarnación sabe desde hace 40 años, lo que dijo a gritos desde entonces. “40 años esperamos mi tierra y yo este acto de justicia, para que las atrocidades que sucedieron aquí no vuelvan a pasar”, comentó a Página/12, que la oyó leer el mensaje del cartel en voz baja.

En un acto del que participaron pobladores de Trelew, familiares de las víctimas, miembros del Archivo Nacional de la Memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos, quedó inaugurada la señalización de la base. “Es necesario recordar a los compañeros que se llevaron aquellos traidores, cobardes, que no son siquiera capaces de mirar a las familias de quienes ellos mataron y reconocer lo que hicieron”, enfatizó el titular de esa secretaría, Martín Fresneda, bajo el cartel a la vera de la ruta nacional. Desde ese mismo lugar y momentos antes de ingresar al sector donde estuvieron los calabozos que albergaron los últimos días de las víctimas de la Masacre de Trelew, entre ellas su hermano Alejandro, Jorge Ulla resumió la jornada en nombre de los familiares. “Después de 40 años pedimos justicia no motorizados por rencor y venganza sino por la vida. Recordar la muerte sería el triunfo de la matanza. Ellos creían que al perforar esos cuerpos iban a desaparecer los reclamos de democracia, los pedidos de libertad. Pero no lo lograron. No mataron los cuerpos sino que los inmortalizaron a través nuestro. Esto va más allá de una sentencia, es la reivindicación de toda una generación”, apuntó.

http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html

 

La patria revivida


 

Español: Es una foto del general Lanusse, pres...

Español: Es una foto del general Lanusse, presidente de facto de Argentina. (Photo credit: Wikipedia)

 

Aerial view of Comodoro Rivadavia

Aerial view of Comodoro Rivadavia (Photo credit: Wikipedia)

 

Año 5. Edición número 223. Domingo 26 de agosto de 2012
Por

Eduardo Anguita (textos). Julio Menajovsky (fotos). Desde Trelew

 

 

 

 

 

 

Un jefe naval recibe a los periodistas y familiares de los fusilados./ Los calabozos. A 40 pasos de la entrada a la base se produjeron los fusilamientos./Mariano pujadas. Calabozo donde fusilaron a su tío./ Raquel Camps. Hija del sobreviviente Alberto camps, asesinado cuatro años después./ Luis Lea Place. En el lugar donde fusilaron a su hermana./La base almirante zar. Donde fusilaron a los 19 militantes./ El dolor. Luego de 40 años se espera con ansiedad el fallo contra los criminales.

 

Había sucedido un 22 de agosto, de madrugada. El silbido del viento y los fríos patagónicos no fueron los únicos testigos. Los cientos de balas desparramadas con precisión por los asesinos dejaban sobrevivientes. Una vez más, los fusilados que viven quedaban en la escena del crimen. Así lo había certificado Rodolfo Walsh en los asesinatos de los basurales de José León Suárez de junio del ’56. Esta vez, en los calabozos de castigo de la Base Almirante Zar, entre el olor de la pólvora y la sangre recientemente rociada, al calor de los gritos de los caídos, Alberto Camps, María Antonia Berger y René Haidar lograban sobreponerse a la muerte y daban testimonio de cómo y quiénes querían ahogar al puñado de militantes que, una semana atrás, habían pactado entregarse en el Aeropuerto de Trelew después de haber recorrido 30 kilómetros desde la cárcel de máxima seguridad donde los tenía el dictador Alejandro Lanusse. Esos 19 militantes, cuya foto recorría los diarios del mundo, con los fusiles en el piso y la frente alta, habían dejado testimonio ante las cámaras de Canal 7 de Chubut, de lo que habían acordado con muchos testigos presentes: el juez federal de Rawson, Alejandro Godoy; los dirigentes radicales Mario Amaya –abogado de presos políticos– y Atilio Viglione –médico que constató el buen estado de salud de quienes se rendían sin disparar un tiro–. Además, había uno que daba su palabra de honor de que se les respetaría la vida y que serían trasladados, tal cual lo acordado, a la cárcel de la que un rato antes se habían fugado. Ese testigo era el capitán de la Armada Luis Sosa. Pero en esa noche fría del 15 de agosto, los planes de Lanusse eran otros. No había palabra que valiera. El colectivo con los presos partió con estos testigos y, al cabo de un rato, se detuvo. Los testigos fueron bajados y los detenidos no fueron a Rawson sino que recorrieron los casi cinco kilómetros que separan el aeropuerto de la Base Almirante Zar. En minutos, eran encerrados en los calabozos. Era el cadalso para ese puñado de jóvenes, hombres y mujeres que militaban en las tres organizaciones guerrilleras más fuertes y desafiantes que había conocido la historia de ese siglo. Eran cuadros de conducción. Y habían hecho algo juntos –unidos–, que no podía ser aceptado por la dictadura de los monopolios de Lanusse.
Este cronista decidió viajar a Trelew para revivir, 40 años después, aquel 22 de agosto que le había marcado su propia vida y la de miles y miles de jóvenes de aquel 1972. Así, los recuerdos dolorosos y heroicos se mezclaron con la certeza de que la Patria merece ser revivida en un nuevo escenario de Justicia. De modo que otro 22 de agosto, en la camioneta cedida por un compañero del lugar, el ojo del cronista recorrió los silencios y las distancias abismales de los cinco kilómetros que separan el viejo aeropuerto –convertido en espacio de memoria– y la Base Almirante Zar. También iban un camarógrafo y una productora del Canal 7 de Chubut. Más impresionante fue ese viaje para Raquel Camps, hija del sobreviviente Alberto Camps –vuelto a fusilar cuatro años después–; para Mariano Pujadas, sobrino del fusilado Mariano Pujadas; para Luis Lea Place, hermano de la fusilada Clarisa Lea Place, y para Silvia Camps, prima de Alberto Camps.
El permiso para ingresar había sido tramitado apenas unas horas antes y aceptado por el Ministerio de Defensa sin ninguna clase de restricciones respecto de recorrer las instalaciones, incluso aquel lugar convertido en vergüenza, crimen y, por décadas, impunidad.
¿Cómo nos recibiría el jefe naval a cargo de la zona y de la base? ¿Qué pasaría por las cabezas de los cientos de soldados y oficiales que están destinados a esa unidad? La presentación fue, al mismo tiempo, nerviosa y cordial. Con demasiadas advertencias de que los marinos no podían hablar sobre el fusilamiento y énfasis en que no saben nada de lo ocurrido. Claro está, y por suerte, hay un expediente tramitado en la Justicia Federal, una instrucción terminada y audiencias públicas tomadas por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia y que tiene audiencias públicas en un cine de Rawson, en el José Hernández nada menos, como si el autor delMartín Fierro estuviera saludando la valentía de aquellos gauchos y la cobardía del capitán Sosa que había dado su palabra de honor de llevar los presos de nuevo a la cárcel para emprenderlos a ráfagas de metralleta una semana después.
Nos recibieron bien. Hablamos, sí, de otros temas. Por ejemplo, del papel de esa base en 1982, que sirvió a los aviadores de la Fuerza Aérea para sus incursiones temerarias contra los buques ingleses. Vértigo. Eso es lo que causa pensar que ese cuartel, además, fue mencionado por testigos en las audiencias del José Hernández como centro de detención clandestina durante la última dictadura. Pero tuvo, por unos meses, al Imperio Británico en la mira de los aviones. Sólo por unos meses. En agosto de 1988, cuenta Juan Arcuri, militante de la zona y ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, se organizó el primer acto de homenaje a los fusilados posterior al golpe del ’76. Pese a que la democracia ya llevaba cinco años de vida, el jefe de la base llamó al entonces gobernador para preguntar “quién había autorizado el acto”. Faltaba agregar “se olvidaron de pedirme permiso”. Esa base, así, alejada de la urbe, rodeada de suelo árido, de pastos secos y demasiados silencios, fue también la sede desde donde se espió a la ministra Nilda Garré y a Néstor y a Cristina.
Nos llevaron al lugar de los hechos. No hubo que recorrer mucho. El cronista, un rato después, contó los pasos que separan los ocho escalones de la entrada del edificio principal y los calabozos. Son apenas 40 pasos. Nada. Hay tres puertas antes de lo que fueron los calabozos y ahora es un lugar con puertas de madera que pretenden maquillar el pasado de horror. Es decir, nadie tuvo la prudencia de pensar que fusilar a 19 personas desarmadas requiere, al menos, de un paraje alejado. No. La impunidad es una ley no escrita pero rotunda. No requiere enmascaramiento. Si no, no es impunidad. Recorrimos los 40 pasos y Pujadas dio su testimonio al lado del nombre de su tío, porque esas celdas tienen escritos, de modo rústico, los nombres de los fusilados en el lugar donde quedaron los cuerpos. Porque los peritos, pese al maquillaje, encontraron muchas cosas.
Ahí estaba Mariano, parado en el lugar de su tío, exactamente cuatro décadas después. Mariano tiene dos hijos y muchos agujeros en el alma. Nacía cuando mataban a su tío, que prometía a sus padres y hermanos tener un Marianito cuando saliera en libertad. Así que él se llamó Mariano. Los Pujadas vivían en Córdoba y cuando se cumplían tres años de la fuga, una patota militar y policial fue a consumar otra masacre. Fusilaron a todos los que encontraron en la casa, salvo a dos niños. Y los dinamitaron en un pozo. Tuvieron la precaución de tirar el busto del Mariano fusilado tres años antes. Un busto que había hecho Horacio Mallo, escultor y militante de Trelew que visitaba a Mariano bajo la figura de “apoderado”. Así debían presentarse los vecinos que daban aliento a los militantes confinados en la Patagonia. Al fin y al cabo, no había rincón de la Patria donde esos militantes no encontraran un guiño y un abrazo. El busto de Mariano explotó en 1975 y se fundió con las tripas de sus padres, hermanos y cuñados. Este Mariano tiene dos hijos. A la niña la llamó Paz. Y Mariano explica el nombre con la sonrisa gigante y con la historia que lo atraviesa.
Y Raquel, alta, como su padre. Que un rato antes había presentado en un acto el libro de poemas de su madre, Rosa María Pargas. Raquel quedó sola, con su añito de vida y con su hermano, el día que una patota militar entraba a la casa donde Alberto era fusilado nuevamente, una segunda vez en la que los criminales se cercioraron de que no reviviera. A Rosa María se la llevaron. Todo lo cuenta Raquel, ahí parada, frente a un cronista que le contaba días antes que había conocido a Alberto, su padre, en algún pabellón de Devoto, dos años después de que lo llenaran de balas en ese lugar donde ella, ahora, cuarenta años después, estaba parada, contando que ella también tiene dos hijos y quiere saber cómo eran sus padres.
Luis Lea Place es un militante curtido. Arrojado. Sin embargo, lo conmueve visiblemente recordar a su hermana Clarisa. Su hija menor se llama Clarisa y dice que la cuida. “Ya perdí una Clarisa, no quiero perder otra”, advierte. Luis está feliz de que su hija esté involucrada en la militancia, una pasión que él nunca perdió. Una pasión que atravesó a su familia no sólo en Trelew. A los Lea Place les volaron la casa de Tucumán. Allí moría su padre, mientras que a su tía la sacaban viva de milagro, de entre los escombros. Luis insiste mucho en la importancia de la participación juvenil, en que es imprescindible abrir los espacios a los miles de pibes y pibas que se asomaron a la política. Es difícil sustraerse de la grotesca campaña de los medios grotescos que ya no aterroriza con los pibes chorros sino con los pibes politizados.
Terminadas las entrevistas, este cronista quiso dejar registrados los pasos que separan la entrada a la Base y tomó como punto de partida un sugestivo cartel que dice “Identifíquese”, unos metros antes de la barrera de entrada. ¡Qué bueno sería que nos pudiéramos identificar! El primer pensamiento que asaltó a este viejo militante es: “En esos trámites estamos. Recorriendo el cuartel y la historia para tratar de saber más sobre nuestras raíces”. Cuarenta años y cuarenta pasos. Los primeros separan este momento reparatorio de un crimen vergonzoso. Los cuarenta pasos dan cuenta de la impunidad de aquellos tiempos. Todo está demasiado cerca. Aquel dolor, aquellos ejemplos. Y todo está abierto: la herida y el proceso penal que puso en el banquillo a los criminales.

El almuerzo y después. Por una culpa involuntaria de este cronista, los entrevistados llegaron tarde a un encuentro que esperó años. Así lo supo, horas después, de boca de Hilda Toschi, la viuda de uno de los fusilados, Humberto Toschi. Fue un almuerzo de familia. Allí estuvieron, entre tantos otros, Marcela Santucho, hija de Mario Roberto y de la fusilada Ana María Villarreal. Y Hernán Bonet, hijo de Pedro. También Julio Ulla, hermano del fusilado Alejandro. Ellos y muchos otros tienen, por primera vez, una esperanza cierta en la Justicia. Porque en 2005, en los tribunales de la Capital, los familiares de la fusilada María Angélica Sabelli, patrocinados por dos grandes del Derecho como David Baigún y Alberto Pedroncini, iniciaron una causa. Como los hechos fueron en Trelew, el trámite cayó en el Juzgado Federal de Rawson, donde se sumó Eduardo Luis Duhalde. El gran Duhalde abría espacios desde la Secretaría de Derechos Humanos y se constituyó como querellante, con la presencia del joven abogado Germán Kexel. Los familiares buscaron respaldo en distintos ámbitos, especialmente en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Así fue que el también joven abogado Eduardo Hualpa, que estudió en Buenos Aires pero vive en Trelew, se sumó a la querella. La etapa de instrucción la llevó a cabo el juez Hugo Sastre, que trabajó a destajo. Luego empezó la etapa de los testigos, a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Están en marcha las audiencias y todo indica que el fallo debería conocerse a principios de octubre. Hay cuatro imputados que no podrán sortear las más duras condenas. Son, en primer lugar, el mencionado capitán Sosa más otros tres marinos identificados como autores materiales, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino. Otro está acusado de encubrimiento, Jorge Bautista, que al día siguiente de los fusilamientos firmó un informe que trataba de sostener la mentira oficial del intento de fuga.
Hay un prófugo: el entonces teniente Roberto Guillermo Bravo, a quien los sobrevivientes señalaban como especialmente cruel. De un modo muy curioso, el abogado Hualpa, hace unos pocos años, tuvo conocimiento de dónde está Bravo. Recibió un correo electrónico de un remitente desconocido en el que se revelaba a Bravo como un próspero empresario proveedor de insumos de salud –nada menos– del Pentágono norteamericano. El correo le advertía a Hualpa dos cosas interesantes: una, que su casilla era espiada (no decía si por el mismo que se lo contaba), y, dos, que este Bravo había dejado de lado a algunos socios en sus negocios (tampoco aclaraba si se trataba de quien denunciaba a Bravo). El hecho es que la Justicia pudo determinar que era cierto. La empresa RGB –las iniciales del asesino– factura muchos dólares como proveedora del aparato de seguridad norteamericano. Algunas de las ganancias, Bravo las destinó a fondos para campañas de legisladores republicanos del Estado de La Florida. Quizá por sus buenos vínculos, cuando llegó el pedido de extradición, un juez de La Florida consideró que no cabe la extradición porque quienes culpan a este ahora american citizen son los mismos guerrilleros a los que Bravo combatió. Es decir: no ha lugar.
Entre las miserias de quienes 40 años atrás fusilaban, hay un llamativo llamado a que presten testimonio Julio Urien y otros tres oficiales de la Armada a los que Néstor Kirchner devolvió su condición de oficiales y ascendió. Eran quienes pocos meses después de los fusilamientos encabezaron una sublevación en la Escuela de Mecánica de la Armada. Fue el 17 de noviembre de 1972, para acompañar la primera llegada de Juan Perón a la Argentina. Estos oficiales fueron beneficiados por la amnistía de mayo de 1973 y luchaban por el fin de la dictadura y los crímenes de Estado. Los defensores de Sosa quieren mezclar todo. Suponen que alguien podría encuadrarlos en aquella amnistía. O, tal vez, simplemente tengan miedo de la condena y recurren a argumentos confusos. Lo cierto es que Urien y los otros oficiales estarán en el cine José Hernández en unas semanas para dar su testimonio. Hace muchos años, Urien contó a este cronista algunas cosas reveladoras de cómo se ponían en práctica métodos paramilitares dentro de la Armada mucho antes del golpe del ’76. De manera concreta, inmediatamente después de los fusilamientos, muchos jóvenes oficiales eran sacados de civil y con armamento extraoficial para hacer misiones de custodia, reconocimiento y de otro tipo.
Una testigo que estará mañana lunes prestando declaración será Mariana Arruti, directora de la película Trelew. La fuga que fue masacre, que recoge testimonios fuertísimos, por ejemplo, de Miguel Marileo, el empleado de la funeraria de Trelew que llevó los féretros y vio la escalofriante escena del crimen. Los marinos tomaron el recaudo de dejar a Marileo un día entero en la base y advertirle, antes de dejarlo salir, que tuviera cuidado porque “tenía hijos chicos”. Quien no podrá testimoniar es el otro director de cine que aportó la primera película: Raymundo Gleyzer, director de Trelew. Ni olvido ni perdón. Gleyzer, en 1976, fue secuestrado y está desaparecido. Sin embargo, ese reclamo de ni olvido ni perdón está vigente. Quiera esta Patria Revivida que se cumpla ese reclamo.

http://sur.infonews.com/notas/la-patria-revivida

 

CITEDEF : Es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, que trabaja sostenidamente en el desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos enmarcados en las políticas científico tecnológicas para la Defensa impulsadas por el Gobierno Nacional.


 

Más de 11.500 netbooks entregadas en Trelew

Más de 11.500 netbooks entregadas en Trelew (Photo credit: ANSESGOB)

AudiovisualTelam :

El CITEDEF continúa trabajando en investigaciones aplicadas y desarrollos científicos para uso civil y militar
El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, que trabaja sostenidamente en el desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos enmarcados en las políticas científico tecnológicas para la Defensa impulsadas por el Gobierno Nacional.
La sede, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli, cuenta con 19 hectáreas donde se despliegan diversos laboratorios y talleres en los cuales más de 650 profesionales llevan adelante múltiples desarrollos científicos. Entre ellos se encuentran representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea quienes se desempeñan en la Dirección de Proyectos y conforman el nexo con las respectivas fuerzas.
En una exposición realizada por expertos del CITEDEF para periodistas especializados en la temática, referentes de los distintos departamentos destacaron el “capital social” que representa esa institución y la importancia del trabajo “multidisciplinario y multicultural” que llevan adelante. En este sentido, el organismo se articula con áreas privadas y gubernamentales a través de sus diferentes propuestas tanto para uso civil como militar.
En la muestra se presentó el desarrollo de vectores, cuya primera experiencia se realizó en 2009 y la segunda en julio del año pasado a través del Gradicom II que alcanzó una altura promedio de 100 km; mientras tanto avanzan en el desarrollo de un tercero que pretende mejorar el índice estructural y su performance.
Además, el CITEDEF avanza en la fabricación de simuladores de salón y de duelo (uso interno y externo respectivamente), entre los cuales encontramos los de tiro y de vuelo.
Por otro lado, profesionales explicaron el funcionamiento del proyecto LIDAR, que permite monitorear ceniza volcánica y todo tipo de aerosoles presentes. Actualmente este sistema se encuentra operativo en el aeropuerto de Bariloche, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Defensa; en la ciudad de Buenos Aires; y en Río Gallegos, donde además está en funcionamiento una estación que realiza la medición del agujero de la capa de ozono. A su vez, el CITEDEF está construyendo otras estaciones con tecnología de punta para ser localizadas próximamente en las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia.
Junto a este proyecto está en plena ejecución el SILAR, a través del cual se realiza una separación isotópica que permite afrontar cualquier material para uso civil y/o militar. Actualmente los científicos involucrados trabajan con silicio, de especial interés en el área de la Defensa. En este tipo de procedimiento se separan átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones.
Durante la exposición, especialistas en informática se refirieron a las capacidades desarrolladas en su laboratorio de investigación donde, entre otras actividades, se trabaja sobre el Sistema de Crisis, con reconocimiento internacional, que facilita la gestión y adiestramiento en diferentes situaciones de catástrofe. También, hicieron hincapié en el desarrollo de software que brinda seguridad informática como el proyecto de protección de aplicaciones Web, y la generación de un SOC piloto para monitorear la seguridad de las redes, aspecto importante a considerar tanto en el área de Defensa como en las restantes dependencias estatales.
A su turno profesionales que se desempeñan en el aprovechamiento de energías renovables destacaron los proyectos de utilización de pilas de combustible de hidrógeno y de energía eólica para condiciones climáticas extremas, a través del desarrollo de la Turbina Ventus. Ambos resultaron óptimos en la Antártida, siendo el último eficiente para abastecer campamentos temporarios de investigación científica.
Por último, se presentó un laboratorio de detección de descargas eléctricas atmosféricas y de volcanes, cuya alerta temprana es fundamental en términos de seguridad e infraestructura principalmente. Este mismo laboratorio integra una red internacional de medición de descargas eléctricas en el mundo, con estaciones distribuidas en las ciudades de Río Gallegos, Trelew, Córdoba y Buenos Aires, esta última ubicada físicamente en la sede del CITEDEF.

Alak: “La Masacre de Trelew fue el embrión del terrorismo de Estado”


Español: Comodoro Martín Rivadavia, primer Min...

Español: Comodoro Martín Rivadavia, primer Ministro de Marina (Photo credit: Wikipedia)

Fuente : Pagina/12

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Aerial view of Comodoro Rivadavia

Aerial view of Comodoro Rivadavia (Photo credit: Wikipedia)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak sotuvo que el juicio por el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina “repara una deuda histórica de la democracia con la militancia”, y señaló que “ese hecho fue la continuidad del acoso y persecución al campo nacional y popular desatados en 1955″.

En ese sentido, el funcionario nacional manifestó que “el juzgamiento de los responsables de los crímenes aberrantes ocurridos en los años setenta y ochenta es el mayor desafío afrontado por la Justicia y la sociedad argentinas”; y subrayó que “el auténtico ‘Nunca Más‘, recién llegará y será una realidad cuando se cierre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado por Néstor Kirchner en 2003″.

Tras asegurar que “desde 2003 en Argentina no tenemos lugar ni tolerancia para los privilegios, y mucho menos perdón para los responsables de semejante genocidio”, Alak destacó que “la política de derechos humanos es una auténtica política de Estado, cuyo mensaje final es un no rotundo a la impunidad”.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia juzga a los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, los capitanes de navío Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, y el cabo Carlos Amadeo Marandino, por el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina.

La causa por la masacre de 1972 se abrió a pedido del CELS, en representación de familiares de los fusilados, tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de la última dictadura. La Armada había instruido un sumario en base a su falacia habitual: intento de fuga repelido por marinos con todos los muertos en el bando contrario y ni un rasguño en el propio.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-193957-2012-05-13.html

Comodoro Rivadavia: incidentes durante protesta contra buque con bandera británica


Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia (Photo credit: *dan*)

Fuente : Ambito.

Un grupo de manifestantes que protestaba contra la presencia de un buque de carga con bandera británica en el puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, se trenzó a golpes con camioneros que intentaban dejar mercaderías destinadas a esa embarcación. 

La presencia en el puerto del carguero, dedicado a transportar miles de toneladas de cemento de la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, provocó una manifestación y luego los incidentes con camioneros que descargaban el material en el buque, hasta tuvo que intervenir la Prefectura.

El barco mercante con bandera británica llegó en los últimos días a la ciudad chubutense, donde debía recibir un cargamento de cemento para la empresa petroquímica en la que presta servicios. Si bien Prefectura había ubicado un vallado en la zona, los manifestantes lograron llegar hasta las inmediaciones llevando banderas argentinas.

Primero discutieron con los estibadores y camioneros y luego se tomaron a golpes de puño para exigirles que no abastecieran a la nave amarrada en el puerto. El administrador del puerto, Oscar Ruiz, no obstante explicó que el carguero “tiene bandera británica, pero no es un buque británico” y recordó que la prohibición de ingresar a embarcaderos de Chubut rige para barcos vinculados a la “exploración y explotación de recursos naturales” en las Islas Malvinas, y este “no es el caso”, aseguró.

El funcionario sostuvo que el buque se dirige a Uruguay y luego a Paraguay con el cemento de la empresa Petroquímica y que tuvo que “consultar con otras autoridades antes de permitir que ingrese”.

Ruiz sostuvo, además, que “es el segundo viaje que hace de los tres que tenía programados Petroquímica” y aseguró que “es totalmente legal la permanencia del buque en nuestra ciudad”.

La Ley Nº 105/11 en su Artículo 1 sanciona la prohibición de la “permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en el territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas no permitidas por autoridades Argentinas relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales”.

No obstante, en el marco de las gestiones que viene haciendo la Cancillería por el tema Malvinas, durante las últimas semanas la provincia de Tierra del Fuego prohibió el amarre de dos cruceros turísticos con bandera conveniencia británica, que venían del archipiélago y debieron seguir hacia Ounta Arenas, Chile.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=627757